El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el "toque de queda" y "militarización" en el distrito metropolitano de Quito para ayudar a las fuerzas de seguridad a sofocar las protestas de ayer por el recorte a los subsidios de los combustibles.
"He dispuesto el toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano de Quito y valles. Empezará a regir a las 15. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", escribió el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. La medida llega después de 10 días de violentas protestas en todo el país, pero en especial en la capital, por la quita de los subsidios a los combustibles.
El toque de queda es por un recrudecimiento de las protestas.
Con esta decisión, el mandatario endureció el estado de excepción que impuso el 3 de octubre y bajo el cual había movilizado las Fuerzas Armadas para contener el orden público. Amparado en esas facultades especiales, que en principio permiten restringir algunos derechos por 30 días, ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos de Quito tras los primeros enfrentamientos de los indígenas con la policía.
La circulación por las calles en condiciones de militarización estará permitida únicamente con salvoconducto. La decisión la ha tomado Moreno a raíz de un recrudecimiento de las protestas del movimiento indígena, que ayer tomó y paralizó la ciudad de Quito mediante una masiva operación de marchas y piquetes, a la vez que miles de militantes se enfrentaban a las fuerzas del orden en el centro de la ciudad.
El resultado ha sido la paralización de la ciudad mediante el bloqueo de sus carreteras. Curiosamente, el anuncio también llegó luego de una notificación por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en la que ha aceptado la mano tendida por el presidente para sentarse a negociar.
A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar con Moreno si este no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, la Conaie cambió de postura en un proceso de consulta con las comunidades.