El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó ayer la Ley contra el Racismo y la Discriminación, aprobada en la madrugada en el Senado y resistida con marchas y huelgas de hambre por periodistas y dueños de medios por entender que restringe la libertad de expresión, y convocó a este sector a participar en la elaboración de la reglamentación.
La norma, sancionada en el Senado tras 12 horas de debate, contiene dos artículos en los que se estipula sanciones económicas y retiro de licencia a los medios que publiquen notas que a juicio de una comisión oficial se consideren racistas o discriminatorias, así sea de terceros, y se establece pena de hasta cinco años de prisión si los autores son periodistas.
"Recién ahora, por fin, aprobamos una ley" para cambiar el racismo que llegó el 12 de octubre de 1492 y tras 185 años desde la fundación de Bolivia, resaltó al promulgar la ley, según informaron las agencias de noticias ANSA y ABI.
"Nos colonizaron mentalmente. Por eso saludo esta ley para acabar con el racismo, el odio y la ofensa", sostuvo luego de leer párrafos de algunos artículos de medios locales que juzgó con términos de tinte racista.
El jefe de Estado reiteró que "el racismo es lo más antidemocrático" por lo que "quienes tienen mentalidad colonial jamás permitirán descolonizar".
Trabajadores de prensa y empresarios de medios, apoyan la ley contra el racismo pero exigen la eliminación de los artículos 13 y 26 por entender que atentan contra la libertad de expresión y de opinión, no sólo de los periodistas sino de todos los ciudadanos.
Mientras se realizaba el debate hasta la madrugada, decenas de periodistas pugnaron infructuosamente con la policía para ingresar a la plaza principal, ocupada desde temprano por seguidores del gobierno.
Entretanto en varias ciudades del interior los periodistas sostienen una masiva huelga de hambre y hasta anoche reunieron más de 70.000 firmas para pedir la anulación de la ley mediante el recurso de "iniciativa ciudadana" previsto en la constitución.
Morales volvió a convocar ayer a la dirigencia de los periodistas para estudiar la mejor forma de reglamentar la ley y propuso un diálogo abierto para que la reglamentación "tenga el consenso de todos los ciudadanos a través de sus representaciones".
Para ello, explicó que el Ejecutivo tendrá un rol activo "con el fin de trabajar en forma conjunta con los trabajadores de la comunicación, representantes de los organismos de defensa de los derechos humanos y las organizaciones que agrupan a las víctimas de estos hechos, en especial los pueblos indígenas y sectores empobrecidos de la población".
Sin embargo, el jefe de Estado diferenció a los trabajadores de prensa de los dueños de los medios, e instó a sus dirigentes a asumir el rol para que el que fueron elegidos que es "la lucha por las reivindicaciones sociales y económicas de su gremio".
"No deben estar detrás de los propietarios de los medios de comunicación, sino luchar por sus bases’.
"Sorprende que algunos dirigentes de los periodistas y otros trabajadores de la comunicación estén detrás del patrón que no paga sueldos haciendo huelga de hambre contra la Ley", aseveró.