En medio de la incertidumbre por el impacto de la crisis, el Gobierno español aprobó ayer una nueva reforma financiera, la segunda en tres meses, que busca sanear los activos de la banca española ligados al sector inmobiliario para disipar las dudas sobre su solvencia y recuperar la confianza de los mercados.
Con ese objetivo, el Consejo de Ministros aprobó nuevas provisiones con las que los bancos deberán respaldar los créditos inmobiliarios sanos y que el ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró en 30.000 millones de euros.
Además, los bancos deberán traspasar sus activos inmobiliarios problemáticos a unas sociedades especializadas y tendrán que hacerlo antes de que acabe este año. Las nuevas provisiones se suman a los 54.000 millones de euros exigidos en la anterior reforma de febrero, lo que eleva la cifra que la banca española tendrá que destinar a respaldar los créditos inmobiliarios a 84.000 millones. Para las entidades que no puedan afrontar los nuevos requerimientos, el Ejecutivo, que encabeza Mariano Rajoy, prevé que el Estado, a través del organismo público Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, pueda inyectar capital mediante un sistema de acciones o de obligaciones convertibles.
Tanto la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el responsable económico incidieron en que las nuevas normas no supondrán costo para los contribuyentes. De Guindos subrayó que la devolución de los fondos inyectados exigirá el pago de un interés del 10% anual y calcula que pueden suponer menos de 15.000 millones. Fuente: Efe.