A dos semanas de asumir el poder, el nuevo gobierno de España presidido por Mariano Rajoy ha abandonado sus promesas electorales, adentrándose en una espiral de aumentos impositivos y recortes de gastos que alejan cualquier recuperación de la economía.
Más grave aún resulta la bancarrota sin atenuantes a la que se enfrenta el gobierno de Hungría, de signo conservador al igual que el de Madrid, en una crisis que se asemeja en características y profundidad a la vivida por Argentina en 2001.
De hecho, la agencia de calificación crediticia Fitch redujo la semana pasada a la categoría de ‘basura‘ los bonos soberanos de Hungría, un inequívoco indicativo de que el mercado considera impagable la deuda contraída por Budapest.
Hungría tiene actualmente graves problemas para financiar su deuda pública, una situación que arrastra desde que agotó, el año pasado, los 20.000 millones de euros que obtuvo en 2008 del FMI.
El forint, la moneda nacional, cotiza a sus mínimos históricos contra el euro, 324 unidades a uno, y se ha devaluado alrededor de un 20% desde julio a la fecha, debiendo pagar una tasa de interés del 10% para colocar sus títulos de deuda en el mercado.
De hecho, el país depende ahora mismo de que el FMI y la Unión Europea (UE) le renueven sus ayudas y, de esta manera, evitar la declaración de la cesación de pagos o ‘default’.
Un crédito contingente (stand-by) del Fondo está sujeto a que el Gobierno acepte respetar la independencia del Banco Central (vulnerada por una ley aprobada en 2011) e, incluso, que dé marcha atrás en la estatización de los fondos de pensiones privados realizada también el año pasado.
No se debe olvidar que las entidades financieras locales y extranjeras han concedido, en el mercado local, créditos hipotecarios denominados en euros cuya devolución se convertiría en una quimera en caso de una declaración de cesación de pagos. Un cuadro exactamente igual al que debió enfrentar Argentina en 2001-2002.
Por su parte, el gobierno español batalla con una receta ultra-ortodoxa para poner en orden las cuentas fiscales y frenar la fuga de capitales iniciada hace meses. Rajoy ha anunciado recortes de gastos en educación, salud, infraestructuras y en los aparatos de gobierno central y autonómicos.
Para obedecer las órdenes emanadas de Bruselas y de Berlín, Rajoy ha hecho aprobar incrementos impositivos sobre los ingresos del trabajo (Ganancias en Argentina), ahorros personales y bienes inmobiliarios.
Al tiempo que ha llevado la carga fiscal al tope de los países de la UE, incrementando 7%, hasta un máximo del 52%, el impuesto sobre los salarios más elevados.
Se busca reducir el déficit fiscal a un 4,4% del PBI para finales de 2012 cuando la meta de un máximo del 6% para 2011 no fue alcanzada.
Se trata de recortar gastos e incrementar impuestos para llenar un agujero fiscal de 40.000 millones de euros en 12 meses.