En España se habla de ella como “la ley del sólo sí es sí”: se refiere a la norma que el Congreso aprobó para que el consentimiento sea decisivo a la hora de juzgar delitos sexuales.
Se trata de la ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que esta semana fue publicada en el Boletín Oficial de Estado español, y que señala: “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
Esto se traduce en que quienes hayan sufrido cualquier tipo de agresión sexual ya no tendrán que demostrar que fueron víctimas de violencia o que se resistieron.
La nueva ley establece que cualquier acto sexual en el que no haya mediado el consentimiento será considerado agresión sexual. Y se elimina del Código Penal el concepto de abuso.
Reacciones
“Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales”, celebró la aprobación parlamentaria la ministra de Igualdad, Irene Montero, principal vocera de la ley que nació como reclamo ante casos polémicos como el de La Manada, la violación en grupo que sufrió una joven de 21 años durante los Sanfermines en 2016.
En 2018, una primera sentencia condenaba a los cinco amigos que habían violentado a la chica a 9 años de prisión por abusos sexuales. Los integrantes de La Manada, sin embargo, continuaron en libertad provisional.
Un año antes, la declaración de la víctima había sido cuestionada porque un informe privado encargado por la defensa de los acusados dudaba de que la joven hubiera podido volver a “hacer vida normal” luego de la agresión que ella misma había denunciado.
El gobierno de Navarra, cuyo Tribunal había dictado la pena a La Manada, recurrió entonces ante el Tribunal Supremo la sentencia.
Manifestaciones en favor de la víctima y el video “Hermana, yo sí te creo” en el que decenas de voces apoyaban lo declarado por la joven y que se volvió viral desencadenaron en 2019 una audiencia pública donde el Tribunal Supremo condenó a 15 años de cárcel por violación a los cinco integrantes de La Manada que inmediatamente fueron detenidos. El Tribunal halló, además, agravantes por trato vejatorio y por haber actuado en grupo.
Reclamo histórico
“La ley incorpora varios reclamos y reivindicaciones que se venían plantando desde el movimiento feminista hace varios años frente a la percepción del incremento de la violencia machista y de los feminicidios”, dice a Clarín la historiadora argentina Josefina Martínez, integrante y portavoz en España de la agrupación feminista internacional Pan y Rosas.
“En este sentido se toma el cuestionamiento que el movimiento feminista ha hecho varias veces a los jueces en casos donde no se ha podido probar la violencia y, por lo tanto, no consideraban que hubiera habido una violación -aclara Martínez-. Es el caso que se vio en la violación grupal conocida como La Manada. La primera sentencia judicial decía que era un abuso porque no había habido actos de violencia física, pero no se tomaba en cuenta que esa mujer estaba en estado de shock y presionada por cinco hombres".
A partir de ahora, insistió la ministra Montero, "ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como tal, como una agresión sexual".
"Reconocemos todas las violencias sexuales como violencias contra las mujeres, como violencias machistas y, por lo tanto, el Estado aporta un itinerario de atención integral y de reparación para todas las mujeres que son víctimas de violencia sexual. Es el grito feminista del ‘Sólo sí es sí’, del ‘Hermana, yo sí te creo’ que se convierte en ley en nuestro país", agregó.
En el acuerdo de coalición de gobierno de 2019, el PSOE y Unidas Podemos asumían el compromiso: “Reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice sí, todo lo demás es no. Es decir, sólo sí es sí”, postulaban.
Violencia digital
Entre las modificaciones del Código Penal que figuran en la nueva ley, también se contempla el castigo a la “violencia digital”: penas de entre tres meses a un año de cárcel para los que difundan fotos o videos íntimos de otra persona o utilicen esas imágenes para abrir perfiles falsos en cualquier plataforma.
También se considerará violencia sexual el acoso callejero y se castigará “a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”, establece el texto de la ley.
Habrá además asistencia especializada para las víctimas de violencia sexual en centros de crisis que funcionarán 24 horas, a partir del año que viene, en todas las provincias españolas.
Para la historiadora Martínez, sin embargo, “la ley tiene una paradoja, una contradicción”: “Intenta resolver un problema profundo, como lo es la violencia de género, con una salida que, como decimos algunas feministas, es ‘punitivista’, es decir, aumentando o modificando las penas del Código Penal, como si eso pudiera resolver un problema que es mucho más profundo.”
Según Martínez, “se ha demostrado que, aunque haya penas más duras, eso no resuelve la violencia de género y puede exponer a las mujeres a múltiples situaciones de vulnerabilidad que no están tomadas en cuenta en esta ley".
La experta detalla que "es el caso de las mujeres migrantes, sin papeles, que están expuestas a situaciones de violencia de género y que no van a encontrar en la vía judicial ninguna salida porque están expuestas a ser expulsadas del país".
Respecto de si esta ley basada sobre el consentimiento y a partir de la cual no será necesario demostrar violencia en caso de denuncia, la historiadora descarta que pueda desencadenar un aumento de denuncias falsas.
“Lo de las olas de denuncias falsas es un argumento que esbozan sectores que se oponían a la ley del Partido Popular (PP) o de Vox. Pero la realidad es que está demostrado que el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. Las mujeres no se exponen a tener que pasar por una comisaría, por un interrogatorio policial y judicial si no han padecido agresiones sexuales", asegura.
"Sí creo que es un problema que la mujer tenga que probar frente a jueces si ha sido violada o no", concluye la experta.