Cuarenta y tres años después de la muerte del dictador español Francisco Franco, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este viernes el proceso para exhumar sus restos del Valle de los Caídos, un monumento ideado para inmortalizar su propia victoria en la Guerra Civil y que fue construido por presos políticos. La medida fue autorizada por decreto de ley, una decisión teóricamente reservada para asuntos de especial urgencia, por lo que no existe unanimidad entre los partidos políticos españoles.
El anuncio lo dio Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, que justificó la urgencia de la decisión porque "esta situación no es sostenible después de 40 años". La vicepresidente explicó que la familia del dictador tendrá 15 días (a partir del 31 de agosto) para decidir el lugar al que trasladar los huesos o para presentar alegaciones. Pasado el plazo, el Gobierno tendría el poder de decidir dónde alojarlos.
Todavía tiene que ser convalidado en el Congreso de Diputados por mayoría simple, y es precisamente ese carácter de urgencia el que divide a los partidos de izquierda y de derecha (PSOE y Podemos vs PP y Ciudadanos). De hecho, el Congreso llegó a aprobar en mayo de 2017 la propuesta del partido socialista para exhumar los restos de Franco. Hubo 198 votos a favor, 140 abstenciones y uno en contra (una diputada se equivocó). Las tornas cambiaron, no ha gustado que Pedro Sánchez se haya apoyado en el decreto de ley para sortear los procedimientos de una propuesta de ley y la más que probable reticencia de la propia familia, por lo que el PP aseguró que recurrirá y Ciudadanos se abstendrá. La Iglesia no se opondrá.
El hecho de que sea un decreto de ley imposibilita a un particular (la familia) presentar reclamos, por lo que es una manera de proteger la medida judicialmente para que termine llevándose a cabo. Por lo tanto, a falta de una fecha concreta, la salida de los restos de Franco llevará un procedimiento dividido en tres fases: apertura de la tumba, deslizamiento de la lápida de 1.500 kilos y extracción del féretro.
La vicepresidenta también dejó claro en la rueda de prensa posterior que la exhumación se lleva a cabo "por la dignidad de nuestros recuerdos y de nuestra memoria". Asimismo, alegó que la medida llega tarde y está dirigida a los jóvenes: "Lo hacemos pensando en el futuro, en la gente más joven, que necesitan estar en las mejores condiciones éticas y morales para que nunca vuelva a ocurrir. Vamos tarde, todos vamos tarde, nosotros también, pero este Gobierno presidido por Pedro Sánchez ya no va a ir tarde".
Actualmente hay 33.847 víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de los Caídos, de las que 21.317 no están identificadas, lo que convierte al monumento en la mayor fosa común de España.