El Gobierno español aprobó ayer la reforma de la Ley de Extranjería que limita las reagrupaciones familiares de los inmigrantes residentes en España y que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no al "acogimiento humanitario".
La nueva norma, que deberá ser aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados (Cámara Baja), reforma el sistema de la agrupación familiar, limitando la reagrupación de los ascendientes (abuelos), de modo que sólo podrán venir los mayores de 65 años y siempre que su familiar resida en España desde hace cinco años.
Así, establece más rigor en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda del reagrupante y otorga desde el principio una autorización para trabajar a los reagrupados.
Entre las novedades, cabe destacar que la nueva ley persigue la promoción de la inmigración irregular pero deja "fuera de toda duda" que no se va a perseguir la acogida humanitaria.
Además, se acotan las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos casos de solicitud de asilo o hábeas corpus.
Entre las modificaciones también cabe destacar la que regula la autorización de residencia a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.