Trece años de la gloriosa era del Partido de los Trabajadores (PT), que había alcanzado la cúspide del poder político al sentar en la Presidencia de Brasil a un humilde trabajador, Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva, terminó bruscamente ayer con la caída de Dilma Rousseff, y puso en duda la fortaleza del sistema político del país vecino. De los cuatro presidentes electos por el voto popular desde la vuelta de la democracia en 1985, apenas dos terminaron sus mandatos, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva.
Dilma Rousseff, la primera presidenta de Brasil, fue destituida ayer por el Senado en el marco de un juicio
político y el poder pasó a manos del que era su vicepresidente y un declarado enemigo político, Michel Temer, que tomó por completo el control hasta el 1 de enero de 2019, cuando vence el mandato para el que había sido reelegida Rousseff en octubre de 2014.
Temer, que ya estaba al frente del Ejecutivo desde el 12 de mayo cuando se suspendió a Rousseff para iniciar el juicio político, hereda un país dividido políticamente, con la mayor recesión de las últimas décadas y con una sociedad hastiada de una sucesión de escándalos de corrupción que parece no tener fin.
La votación en el ‘impeachment‘ (juicio político con fines de destitución), el Senado tuvo un resultado incontestable, 61 votos a favor de la salida de Rousseff y 20 en contra, con lo que se rebasó con creces la mayoría calificada de dos tercios (54 votos) que era necesaria para despojarla del cargo. A pesar de la magnitud del fallo, el Senado le dio otra vida a Dilma ya que se negó a inhabilitarla por 8 años para desempeñar cargos públicos, un castigo que suele ir aparejado al cese forzoso de un político. Según la Constitución brasileña, un presidente destituido puede perder sus derechos políticos por ocho años, lo que le impediría ocupar cualquier puesto en el Gobierno e incluso enseñar en las universidades. Pero, una negociación de última hora de Lula Da Silva logró separar ambas votaciones, una moción que fue aceptada por el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski. La decisión de separar las votaciones causó gran polémica entre los opositores a Rousseff en el Senado y fue responsable de demorar la sesión. En esa segunda votación, 42 senadores estuvieron a favor de permitir que Rousseff mantenga sus derechos políticos, 36 se manifestaron en contra y tres se abstuvieron.
Una inhabilitación habría sido el fin de la vida política de Rousseff porque habría podido aspirar a volver a competir por la Presidencia con 76 años. Pero ahora mantiene intactas sus posibilidades de volver a dar pelea en las elecciones de octubre de 2018, sola o compartiendo la lista con Lula.
El Senado que la destituyó halló a Rousseff culpable de incumplir la ley de responsabilidad fiscal, por haber modificado los presupuestos vía decreto, sin autorización legislativa, y porque consideraron que el Gobierno tomó créditos de la banca pública, algo prohibido por ley, al demorarse en hacer depósitos a esos bancos.
Durante el proceso, Rousseff negó que esas maniobras configuren irregularidades y también rechazó que ella tuviera cualquier intencionalidad al firmar los polémicos decretos, por lo que considera todo el proceso en su contra un ‘golpe de Estado‘. Y ya anunció que resistirá y que recurrirá su destitución ante el Tribunal Suprema de Brasil.
La votación estuvo precedida de los encendidos alegatos finales de senadores de ambos lados, que estuvieron cargados de expresiones dramáticas y hasta de insultos.
El senador Lindbergh Faria llamó ‘¡canallas, canallas, canallas!‘ a quienes se disponían a votar a favor de la destitución, repitiendo las célebres palabras que profirió Tancredo Neves, uno de los padres de la democracia, cuando el Congreso apoyó el golpe de Estado de 1964.
Le respondió el senador Ronaldo Caiado diciendo que los ‘verdaderos canallas‘ son los que ‘robaron‘ a la petrolera estatal Petrobras, un escándalo de proporciones gigantescas que salpicó al Gobierno de Rousseff, pero también a varios ministros de Temer.
Rousseff estaba apartada del cargo de forma temporal desde el pasado 12 de mayo, día en el que el Senado votó a favor del inicio del juicio político, y desde esa fecha la Presidencia ha sido ejercida de forma interina por Michel Temer que seguirá al frente del Poder Ejecutivo hasta el 1 de enero de 2019. Por ahora, asegura que no pretende postularse para quedarse en el poder.