La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales y violación al derecho de protesta en Ecuador, durante el paro y los cortes del movimiento indígena.
La misión argentina dijo en su primer informe que recabó testimonios y realizó entrevistas ayer en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque El Arbolito.
“Recibimos declaraciones provenientes de líderes y lideresas sociales, indígenas, organizaciones de mujeres, voluntarios de salud en los corredores humanos de paz, familiares de jóvenes indígenas fallecidos a manos de las fuerzas policiales, y también recibimos numerosos elementos probatorios (imágenes y videos) que dan cuenta de la vulneración de diferentes derechos”, señaló el grupo.
En base a esa información, la misión elaboró un documento “preliminar con la sistematización de las tipificaciones de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones del paro nacional” que se inició el lunes 13.
El documento denuncia la muerte de cinco personas “asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal”.
“Las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo”, detalló el informe, en referencia a Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez y Jon Muenala.
Dio cuenta, además, de “132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta”, muchas luego imputadas por delitos como sabotaje, terrorismo o resistencia.
“Las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo”
El informe denunció “secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales, violación al derecho a la protesta social, violación a las garantías judiciales y al acceso a la justicia de los ciudadanos”.
Reseñó también “negación de atención médica por las instituciones públicas de salud por motivos raciales y antiindigenistas, violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica y violación a los derechos de niños y niñas”.
El grupo advirtió que hubo “ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por parte de las fuerzas de seguridad durante la noche”.
El informe enumeró “ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista, censura y bloqueo mediático de la información, bloqueo del servicio de internet y redes sociales y hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales”.
Señaló, además, que tiene “información y testimonios que dan cuenta de 6 casos de desaparición de personas, las cuales se desconoce su paradero y que se encontraban participando en el marco de las movilizaciones”.
“Del relato y la constatación de los hechos, podemos concluir que la utilización irregular de armas de disuasión como armas letales, es una práctica sistemática que se evidencia en la ejecución parte del personal policial al cuerpo de las personas en zonas vitales y a corta distancia”, concluye el documento.
La misión, que el sábado hizo su presentación ante la prensa en Quito, está integrada por el abogado Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano; Marianela Navarro y Melisa Gargarello, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas; Nicolás Tauber Sanz, de LiberPueblo; María José Cano, de la CTA Autónoma; Alicia Montoya, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores; y Pablo Garciarena, de XUMEK Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos.