El juez español Baltasar Garzón, artífice de la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, dejó ayer con lágrimas su puesto en la Audiencia Nacional, tras ser suspendido cautelarmente en relación con el juicio oral que se abrió en su contra por investigar los crímenes del franquismo algo que en España está prohibido por ley.
El pleno del órgano de Gobierno de los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acordó la suspensión cautelar de sus funciones para Garzón.
El magistrado se hizo mundialmente famoso al aplicar el principio de justicia universal para perseguir a Pinochet, y lograr que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad.
Durante la celebración del pleno que decidía sobre la suerte del controvertido magistrado, familiares de víctimas del franquismo se concentraron frente a las puertas del CGPJ en apoyo de Garzón.
El mismo apoyo lo tuvo el juez cuando, tras conocerse la noticia de la suspensión cautelar, abandonaba entre lágrimas la Audiencia Nacional, acompañado por los vítores y aplausos de sus compañeros 22 años después de cruzar sus puertas por primera vez como magistrado.
Este juez aparece imputado en tres querellas ante la Justicia española, una de ellas la de presunta prevaricación al ordenar investigar los crímenes cometidos por el franquismo (1936-1975), ignorando la Ley de Amnistía de 1977 que se declaró sobre esos y otros delitos de origen político al retornar España a la democracia.
Durante la celebración del pleno que decidía sobre la suerte del controvertido magistrado, familiares de víctimas del franquismo se concentraron frente a las puertas del CGPJ en apoyo de Garzón.
El mismo apoyo lo tuvo el juez cuando, tras conocerse la noticia de la suspensión cautelar, abandonaba entre vítores y aplausos de sus compañeros la Audiencia Nacional, veintidós años después de cruzar sus puertas por primera vez como magistrado.
El miércoles pasado, el magistrado del Tribunal Supremo de España que instruye la querella contra Garzón sobre los desaparecidos del franquismo, Luciano Varela, ordenó la apertura de juicio oral contra el juez sobre este caso. Un día antes, el martes, Garzón había solicitado al Consejo General del Poder Judicial su traslado temporal a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Garzón tiene dos causas más abiertas en su contra, una de ellas relacionada con el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
La tercera causa se refiere a su orden de intervenir las comunicaciones en prisión entre imputados del "caso Gürtel" y sus abogados defensores, uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia democrática española, que implica a dirigentes del Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición.
En rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró el respeto del Ejecutivo a las decisiones del CGPJ y también reclamó que se respete la presunción de inocencia de Garzón.
Diferentes colectivos sociales, como la plataforma de artistas contra la impunidad del franquismo, que consideró el procedimiento abierto contra Garzón como un "proceso contra las víctimas".
También se expresaron organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, que lamentó la suspensión cautelar y afirmó que Garzón convirtió a España "en un símbolo de justicia para las víctimas de todo el mundo".