El Gobierno colombiano comenzó ayer a evaluar la posibilidad de dejar en manos del Legislativo, mediante un proyecto de ley, el acuerdo militar de cooperación con EEUU invalidado el martes por la Corte Constitucional.
El ministro colombiano del Interior y de Justicia, Germán Vargas, dijo que el Ejecutivo "deberá tomar una determinación pronto" si acepta que dicho convenio tiene rango de tratado, como lo consideró el tribunal.
Por 6 votos contra 3, la Corte dejó sin efecto el "Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los Gobiernos de Colombia y los EEUU", firmado el 30 de octubre de 2009 en Bogotá. La iniciativa abría las puertas de al menos 7 bases de Colombia a tropas militares norteamericanas, lo que desató una ola de rechazo en varias naciones de la región, como Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Bolivia.
"La Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano", dijo el presidente del alto tribunal, Mauricio González, y aludió a asuntos polémicos del acuerdo, como el tránsito de tropas, vehículos, naves y aeronaves del exterior por el territorio nacional, así como a la garantía de inmunidad para el mismo personal extranjero.