El movimiento independentista catalán vio este jueves reducido el respaldo popular en las elecciones que han tenido lugar en esa región española, pero mantiene su fuerza y en el futuro Parlamento autonómico volverá a tener mayoría, lo que abre un período de dudas e incertidumbre.
Tras un proceso de varios años, el secesionismo vivió su momento culminante el pasado 27 de octubre, cuando la Cámara autonómica aprobó una declaración de independencia, juzgada ilegal por el Constitucional.
La respuesta del Gobierno español fue inmediata: ese mismo día, tras la autorización del Senado, destituyó a los miembros del Gabinete catalán y disolvió el Parlamento autonómico, para convocar elecciones este 21 de diciembre.
Planteadas por los tres partidos secesionistas -JxCat, ERC y CUP- como una especie de plebiscito en favor de la independencia, el resultado les resulta favorable, puesto que en conjunto renuevan la mayoría absoluta en la Cámara regional, pero también arroja algunas sombras en ese sector.
Una es que por primera vez un partido no nacionalista ha ganado en Cataluña tanto en votos como en porcentaje: Ciudadanos, una fuerza de corte liberal y defensora de la unidad de España, logró un triunfo histórico.
Además, los independentistas reducen el número de escaños (de 72 a 70) y el apoyo popular (baja un punto, hasta el 47,5 %), pero el secesionismo demuestra que es sólido, a pesar de que hay brechas en los dos principales partidos y en la relación entre sus líderes.
El ex presidente regional, Carles Puigdemont, que dejó España poco después del 27 de octubre para instalarse en Bruselas, ha hecho una campaña basada en apelaciones al sentimiento y ante lo que considera agravios del Gobierno español.
En su particular guerra contra los aliados pero rivales de ERC, Puigdemont se ve vencedor y esta noche, desde Bruselas, proclamó que “el Estado español ha sido derrotado (…) por la república catalana”.
Pero el futuro de Puigdemont no está claro, porque sobre él pesa una orden de detención cuando vuelva a España por los delitos de rebelión y sedición por impulsar la secesión.
Eso abre un nuevo frente más allá del político: el judicial, ya que hasta diecisiete diputados electos al Parlamento autonómico están procesados por el proceso independentista y está por ver qué medidas adoptará la Justicia, si les permitirá asumir su condición de parlamentarios y ejercer en la Cámara.
La hipótesis de que no todos ellos puedan estar presentes en el futuro Parlamento autonómico genera dudas y lo primero que tendrá que establecer el mundo independentista es quién será el candidato a un Gobierno catalán.
No será necesariamente Puigdemont, dados sus problemas judiciales, pero tampoco su rival de ERC Oriol Junqueras, que está en prisión provisional y que no podrá hacer valer que es la primera fuerza independentista, cuando hace unas semanas todas las encuestas le daban ganador.
Esa condición es para la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, nacida en Andalucía y cuyo partido representa el españolismo “sin complejos” frente a los secesionistas.
Hoy Arrimadas subrayó que, pese a tener mayoría, el independentismo ha bajado en apoyos y no tiene ni siquiera el de la mitad de la población, por lo que no cabe la vía unilateral que hasta ahora han seguido los secesionistas.
En esa estrategia los independentistas no han conseguido ningún respaldo internacional – Europa les ha rechazado abiertamente – y además han generado mucha preocupación en el mundo empresarial, hasta el punto de que unas 3.000 compañías dejaron Cataluña en las semanas más tensas del proceso secesionista.
Y los resultados de hoy suponen también un problema para el Ejecutivo español de Mariano Rajoy. Su partido, el PP (centroderecha), ha pasado a ser el último en el Parlamento catalán y ha visto cómo Ciudadanos, que le disputa un electorado similar, se configura como alternativa.
Ello mientras los populares tienen que hacer ingeniería en el Congreso de los Diputados para sacar adelante sus grandes proyectos, en gran parte respaldados por Ciudadanos, socio pero rival, ahora más que nunca.
