El parlamento regional catalán aprobó ayer la abolición de las corridas de toros, en una decisión histórica que pone fin en Cataluña a la más antigua de las fiestas populares de España.
La iniciativa Legislativa Popular (ILP) para prohibir los toros promovida por más de 180.000 ciudadanos a través de la Plataforma Prou (¡Basta!), recibió 68 votos a favor, 55 en contra, y 9 abstenciones, anunciaron fuentes del parlamento.
Cataluña se convierte así en la segunda comunidad autónoma de España en abolir las corridas después de que las Islas Canarias lo hicieran en 1991, aunque allí el espectáculo no se celebraba ya desde hacía muchos años.
La prohibición se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2012 y afectará a la Plaza Monumental de Barcelona, la única en activo en Cataluña. Sin embargo, no se vetan los "correbous" y "corrella", encierros de toros y vaquillas que se realizan en el Sur de Tarragona, y que no implican la muerte del animal, y cuya prohibición sería un costo político muy alto para los nacionalistas.
Con libertad de voto, los parlamentarios del PSC (Partido Socialista de Catalunya) votaron mayoritariamente en contra, aunque la clave estuvo en los nacionalistas de Convergencia, quienes inclinaron la balanza a favor de la prohibición.
Mientras en el interior del Parlamento los diputados expresaban sus posturas en un apasionado debate, en el exterior decenas de personas se manifestaron para expresar tanto el rechazo como el apoyo a las corridas.
Los seguidores de la tauromaquia pedían "toros sí, libertad sí", mientras los antitaurinos reclamaban el fin de la "tortura" y el trato "cruel" de los animales.
La disputa entre taurinos y antitaurinos es tan vieja como el espectáculo mismo que nació en su versión moderna en el siglo XVIII, cuando se construyeron las primeras plazas de toros, el torero de a pie sustituyó al de a caballo, comenzó la cría de ganadería brava para las corridas, y se fijaron las primeras normas del "arte" de torear.
En Cataluña, donde los seguidores de los toros no son muy numerosos y hay falta de interés por la fiesta desde hace tiempo, los defensores de los derechos de los animales encontraron apoyos en los grupos ecologistas, de izquierda y nacionalistas para tramitar la iniciativa, que se debatió durante siete meses.
A pesar de que los diputados favorables al abolicionismo esgrimieron argumentos éticos, desde el bloque opositor se los acusó de haber politizado el debate convirtiéndolo en una reivindicación identitaria y en expresión de "antiespañolismo", como sostuvo Albert Rivera de Ciutadans.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no se lo ha visto en una plaza de toros, se mantuvo alejado del debate aunque no es partidario de legislar sobre las corridas.