La financiera estadounidense CIT, que se declaró en quiebra, se enfrenta desde ayer a un plan de reorganización cuyo éxito es vital para un sector de la economía estadounidense que representa a más de 90 millones de empleados.
Su caso, desde ayer, está en manos del juez Allan Gropper, aunque inicialmente se adjudicó a otro magistrado, Robert Gerber, especializado en bancarrotas y que hace unos meses ya tuvo que dirimir en la muy compleja del gigante automovilístico General Motors, cuando se declaró en quiebra.
CIT, una institución financiera con más de un siglo de historia y que está especializada en créditos a estudiantes y pequeñas empresas, decidió el domingo acogerse al capítulo 11 de la ley de bancarrota estadounidense, incapaz de afrontar una situación que se había deteriorado en los últimos meses.
Su decisión de someterse a esa ley la convirtió en la quinta mayor empresa que entra en quiebra en la historia de Estados Unidos, por detrás de Lehman Brothers, Washington Mutual, WorldCom y General Motors.
La financiera prevé un plan para resurgir como una nueva empresa a finales de año y para ello cuenta con el apoyo de sus acreedores. Esta firma cuenta con unos activos de 71.000 millones de dólares y otros 64.900 millones en pasivos, según datos de la empresa a fecha 30 de junio.
