El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperó ayer sus derechos políticos y puede ser candidato en 2022 ya que el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, anuló sus condenas por corrupción, justo en el momento más álgido del escándalo de filtraciones que reveló un complot entre el exjuez Sérgio Moro y fiscales de la Operación Lava Jato en contra del líder opositor.
Es indudable que la anulación de dos condenas y otra tercera causa abierta beneficia a Lula, confirmado como el favorito para las elecciones presidenciales del año próximo.
La decisión del juez Fachin se basó en cuestiones de jurisdicción y no por los cuestionamientos sobre la parcialidad de fiscales y jueces contra Lula.
El juez de la corte remitió las causas a Brasilia, donde el tribunal regional de la capital deberá decidir si la causa pasa a un juez de primera instancia y todo el proceso comienza de cero.
Lula pasó 580 días preso por una condena emitida por Moro en una celda en la ciudad de Curitiba y quedó fuera de la elección de 2018.
Tras la victoria electoral del actual presidente, Moro renunció a su cargo de juez y fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.
El juez supremo entendió que las acusaciones contra Lula no tienen vinculación con el Petrolao, los desvíos de Petrobras que sí juzga el tribunal 13 de Curitiba, y, por eso, declaró la incompetencia de la Justicia de Paraná, que dictó las condenas en tres causas contra Lula. Los procesos serán ahora analizados por el Tribunal de Brasilia.
Lula fue condenado a 8 años de prisión por haber recibido un inmueble como soborno a cambio de favores políticos. Además, había sido condenado a 12 años de prisión por corrupción por reformas realizadas por las constructoras Odebrecht en una casaquinta de un amigo. Finalmente, estaba procesado por donaciones al Instituto Lula.
Pero el clima político de la Operación Lava Jato comenzó a cambiar cuando un hacker filtró un chat que evidencia el complot entre Moro y los fiscales para restringir el acceso a la defensa de Lula. Lava Jato (lavadero de autos) empezó en 2014 con una requisa por blanqueo de dinero en una estación de servicio de Brasilia. Los investigadores descubrieron sobornos pagados por grandes constructoras como Odebrecht a políticos, para obtener contratos en Petrobras.