El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció una serie de allanamientos nocturnos, sorpresivos y violentos por parte de la Policía de Nicaragua. El organismo es el que asesoró a la actriz Thelma Fardín en su denuncia por violación contra Juan Darthés durante una gira por ese país con el elenco de la tira juvenil "Patito Feo", hace nueve años.
El Cenidh fue allanado en la madrugada del viernes junto con otras ONGs cuyas personerías jurídicas habían sido retiradas el jueves. Denuncian que los uniformados se llevaron documentación, computadoras y equipos.
"Como vulgares ladrones, se metieron por el techo anoche al Cenidh y tomaron las instalaciones", denunció Vilma Núñez, presidenta de la ONG que orientó a Fardín para presentar la denuncia. Núñez también denunció que el operativo fue violento y que "ataron y golpearon" al agente de seguridad que custodiaba el lugar durante la noche.
"Ayer teníamos problemas para ingresar al área, hoy sábado nos permitieron el ingreso. Voltearon y saquearon lo que pudieronen todas las oficinas. Hay papeles por todos lados y cosas tiradas’, lamentó Núñez.
Los allanamientos se dan en un marco político de mucha tensión. Hace poco, el gobierno de Nicaragua había dado un plazo de 15 días a estas organizaciones para que presentaran sus registros contables, pero antes de que se cumpliera ese tiempo, ingresaron para llevarse los equipos.
Hace ocho meses comenzó un estallido social con multitudinarias protestas antigubernamentales que ya llevan 200 muertos según el Gobierno y hasta 545 según ONGs de derechos humanos, que reportan además 4.000 heridos y 603 personas encarceladas. El Gobierno acusa a los opositores de pretender "desestabilizarlo" mediante "un complot terrorista" financiado por Estados Unidos.
Desde el gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega, esgrimen que tanto el Cenidh como la ONG Hagamos Democracia "están acusados de gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país" y que por ese motivo le removieron la personería jurídica.
A través de un comunicado, el Ministerio de Gobernación anunció el viernes que todos "los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo" de esas ONG pasaban a estar "bajo la administración del Estado de Nicaragua", para la supuesta creación de un "fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo".