El papa Francisco introdujo ayer cambios radicales en la ley de la Iglesia Católica para responsabilizar a los obispos por abusos sexuales o encubrimientos, obligando a los clérigos informar este tipo de casos y permitiendo que cualquiera se queje directamente ante el Vaticano si es necesario.
El decreto papal establece límites de tiempo para las investigaciones locales, permite informes retroactivos y cubre la posesión de pornografía infantil. También eleva a 18 desde 16 años la edad adulta en casos de abuso sexual. Para 2020, cada diócesis deberá tener un sistema que sea fácilmente accesible al público para recibir informes. Los funcionarios locales de la Iglesia no pueden ordenar a los que denuncian el abuso que permanezcan en silencio y los obispos de mayor jerarquía deberán tomar disposiciones para evitar que los subordinados destruyan los documentos, si es necesario.