En una acción que puede llegar a considerarse ejemplar y que debería ser imitada por otros entes recaudadores, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) ha tomado dos medidas que sin duda llevarán un alivio a los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. Por un lado procedió a suspender el inicio del trámite para cobrar judicialmente casi 50 mil deudas de planes de regularización caducadas por falta de pago y, paralelamente, reabrió también varios planes vencidos.
Estos beneficios se suman a otros de alivio tributario dispuestos en el ámbito provincial en los últimos meses, entre ellas la exclusión temporaria de los regímenes de retención y percepción, la flexibilización del levantamiento de medidas cautelares, la ampliación de devolución automática de saldos a favor, el incremento del límite para quienes actúen como agentes de recaudación y el diferimiento del pago de Ingresos Brutos.
Todas estas medidas buscan favorecer la situación de los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires, para que puedan superar los problemas financieros y tengan mejores condiciones para crecer, que es lo que se viene buscando ante la caótica situación en la que se encuentran varios sectores de la economía provincial.
En la práctica, lo que se ha hecho es suspender la emisión de títulos ejecutivos que se utilizan para cobrar las deudas por vía judicial. De esa forma se evitan embargos e inhibiciones que terminan afectando la capacidad productiva de las empresas y la posibilidad de acceder a créditos u otras herramientas financieras. Esta medida, como la que otorga la posibilidad de reingresar a planes de pago caducos al 15 de noviembre de 2018, estará en vigencia hasta el 31 de mayo próximo.
La importancia de estos beneficios está dada a que el monto total a pagar por el plan rehabilitado siempre será inferior a cualquier otra alternativa de regularización de la deuda, llevando a las alicaídas finanzas empresariales un alivio que, si bien no es absoluto, contribuye a mejorar levemente las condiciones por las que atraviesa el sector productivo.
Situaciones como éstas se repiten en todo el territorio nacional, por lo que resultará muy auspicioso que cada jurisdicción considere la posibilidad de promover acciones similares dentro de sus respectivas políticas tributarias.