Entre los problemas más acuciantes provocados por la pandemia del covid-19, además de la situación sanitaria, está el de haber afectado la estructura laboral del país debido a que un amplio sector de la población quedó eximida, por disposición del Gobierno nacional, de trabajar durante más de un año. Nos referimos a la franja etaria de los mayores de 60 años que por ser personas de riesgo se dispuso que no concurrieran a los lugares de trabajo. También a las personas con comorbilidades, más allá de que sus enfermedades preexistentes hayan sido anteriores a la pandemia, y todas aquellas personas que por contagio o contacto estrecho con un contagiado han estado haciendo uso de licencias ininterrumpidas, dejando a sus lugares de trabajo sin mano de obra, muchas veces, irremplazable.
En función de estas ausencias, que perjudican sin excepción a empresas y organismos tanto del sector privado como público, se plantea la necesidad de rever esas disposiciones -como otras tantas que afectan el mercado laboral- al amparo de la posibilidad de vacunarse contra el coronavirus, una acción que otorga cierta inmunidad y que puede ser exigida por los empleadores como medida de seguridad en sus ámbitos laborales. Se trata de una modalidad que ya está vigente en Estados Unidos y otros países desarrollados y que ha comenzado a dar buenos resultados en la medida que las empresas han reducido el nivel de ausentismo y están garantizando el estatus sanitario de sus planteles de trabajadores.
Para recuperar la fuerza laboral del país, hay que restablecer la "voluntad de trabajo" y esto sólo se logra destrabando mecanismos que van en contra de lo promoción de las actividades productivas. La disposición por la que los peones rurales podrán trabajar en blanco sin perder planes sociales, una medida que apunta a solucionar el problema de la falta de mano de obra para las cosechas, es positiva desde el punto de vista que promueve el trabajo rural como fuente genuina de empleo.
Sólo trabajando se podrá recuperar la productividad del país, evitando vicios laborales históricos en algunas actividades como en el ámbito de la Educación donde hay casos en los que el Estado paga dos o más sueldos por cada puesto de trabajo, una relación ilógica que perjudica a cualquier estructura laboral.
Ha llegado el momento de suprimir todas las restricciones al trabajo impuestas en los últimos tiempos para que el país no sigas paralizado. Y el sector político debe comprender que las elecciones no se ganan siendo permisivos u otorgando prerrogativas. Se ganan con acciones concretas que apunten a facilitar la creación de fuentes de trabajo, para que todos los ciudadanos ganen dignamente el sustento diario.