Una jurisprudencia sin precedentes en el país acaba de confirmar el procesamiento a dirigentes del Sindicato de Camioneros poniendo fin al "método Moyano", la estrategia de bloquear empresas paralizando sus actividades para cobrar supuestas deuda a los choferes, inexistentes en el convenio laboral. Y aún si existiera tal deuda, el bloqueo no es un método legal para cobrarla ya que ningún derecho puede ejercerse abusivamente, según el fallo.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ha puesto las cosas en su lugar al rechazar de manera condenatoria a 15 activistas del sindicato dirigido por Hugo y Pablo Moyano, a partir de un caso testigo, el bloqueo realizado el año pasado a una empresa transportista de Villa Soldati. La denuncia judicial por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad cayó con rigor contra una organización sindical que funciona así.
Vale recordar que hasta mediados de este año se contaban casi 50 firmas transportistas del país víctimas de la modalidad extorsiva de este sindicato, según las denuncias presentadas, y se estimaba que seis empresas cerraron definitivamente. En ningún caso se esgrimían reivindicaciones laborales e incluso amenazaban a los choferes que se negaban a detener los camiones.
Es tan grave el chantaje moyanista que se creó como respuesta el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), dirigido por Verónica Razzini, dueña de una empresa de logística en Rosario, que estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe. Los activistas fueron imputados por amenazas a los directivos a quienes impidieron el acceso a la firma.
El atropello del sindicato camioneros contra los empleadores lo señala el propio artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación cuando establece que el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto, de manera que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos establecidos.
En este caso testigo que involucra a la firma Andar Transportadora, una pyme familiar con seis camiones y 12 empleados, dedicada desde 2001 al transporte de cargas, también la Justicia debería profundizar las investigaciones por la supuesta connivencia del moyanismo con la AFIP, ya que las amenazas sindicales incluían cruzar información con el organismo fiscal. Fue así que los inspectores del ente recaudador estuvieron nueve meses revolviendo papeles sin encontrar irregularidades. La orden venía de arriba.