Nuestro país quedó en los últimos lugares en una escala de transparencia de la función legislativa, tanto en lo que hace de actividad parlamentaria como en acceso a la información, contrataciones de personal, viajes al exterior y domésticos, canje de pasajes por dinero en efectivo y dietas de los representantes.
El relevamiento elaborado por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, una entidad integrada por organismos no gubernamentales de los 13 países evaluados, ahora hizo un seguimiento a la tarea de los períodos parlamentarios 2015 y el primer semestre del corriente año.
Si bien en esta medición ponderó la reciente sanción de la ley de acceso a la información pública, la Argentina se mantuvo en los últimos lugares de la puntuación, escasamente por encima de la República Dominicana y Venezuela, peores parlamentos calificados.
La baja puntuación la obtuvo el Congreso Nacional en el ítem "Presupuesto y gestión administrativa” que incluye la ejecución presupuestaria de ambas cámaras, donde existe documentación desactualizada o parcial y poco se informa sobre las dietas de los legisladores, los contratos de personal y los viajes de los legisladores y demás integrantes del cuerpo.
Este déficit operativo, confirmado en el estudio de las ONG de la red regional, recuerda también que durante años nuestro Poder Legislativo ha sido un verdadero agujero negro en materia de transparencia.
Poco se ha sabido sobre las contrataciones de personal, viajes y canje de pasajes por dinero en efectivo, afirma. Además, las dietas han sido verdaderos tabúes que los legisladores prefieren acordar en privado sin distinciones de bloques en sus componendas políticas, según se advierte.
El ránking en transparencia de la función legislativa regional lo encabeza Costa Rica (72%), le siguen Chile (64%), Paraguay (62%) y Guatemala (60%) y, entre los tres últimos, Argentina con un 39%, de acuerdo a los datos obtenidos por el las entidades civiles que representan en nuestro país a la red continental.
Claro que queda como consuelo la advertencia de la conclusión general, ya que el informe advierte que los Congresos de América latina aún no cumplen con la apertura y transparencia deseables. Los resultados arrojaron un promedio del 50% de transparencia, el mismo nivel de 2014 y un pobre desempeño democrático.