Los 53 estados miembros representados en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, incluida la Argentina, resolvieron el miércoles último la eliminación del cannabis del listado de drogas peligrosas, ubicada junto a la heroína y la cocaína entre otras, en la Convención de 1961. La utilización de la marihuana medicinal es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a fin de garantizar la disponibilidad de sustancias psicoactivas para fines médicos y científicos.

En el plano internacional se trata de una decisión esperada desde hace mucho tiempo, desde que se iniciaron las investigaciones para aplicar derivados de la planta de cannabis en medicinas para tratamientos en enfermedades como la epilepsia refractaria, y a la vez prevenir el desvío hacia canales ilegales, incluyendo el narcotráfico y consumo de la marihuana.

La resolución de la ONU es trascendente si se recuerdan las convenciones de 1961 y 1971, una década donde se clasificaron las sustancias controladas en cuatro listas, de acuerdo a su valor terapéutico percibido y riesgo potencial de abuso. En 1988 se anexaron las listas de precursores, reactivos y disolventes que se utilizan en la fabricación ilícita de sustancias psicotrópicas, un tratado que obligó a los países a imponer sanciones penales para combatir la producción, posesión y tráfico ilegal.

El acuerdo de la ONU no tendrá un impacto inmediato en los controles internacionales porque son jurisdicciones de cada Estado, pero los gobiernos tendrán una guía sobre el manejo político de las drogas. En el caso argentino ya se reglamentó la ley de investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, permitiendo el autocultivo y la venta en farmacias de una medicación 

Bajo esa norma Jujuy es la primera provincia en producir aceite de cannabis para utilización medicinal, como resultado de un plan piloto sobre 35 hectáreas cultivadas. En suelo sanjuanino existe un proyecto similar avanzando por parte de la empresa CanMe, según lo anunciara el gobernador Sergio Uñac entre las conclusiones del Acuerdo San Juan 2020, en octubre pasado, con pautas para la diversificación económica con inversiones tecnológicas de alto valor agregado y empleo.

Lo importante es que en nuestro país la producción de marihuana medicinal es un hecho y de manera oficial. La ANMAT está estudiando el proceso que dura entre tres y seis meses, para luego autorizar el envío del producto a hospitales públicos y la comercialización en farmacias.