Los hechos de violencia pública como los intentos de saqueos a comercios de nuestro medio y las amenazas de colocación de artefactos explosivos en distintos organismos del Estado provincial, suscitados en estos últimos días, y promovidos a través de las redes sociales, nos demuestran una vez más que estos medios son factibles de ser mal utilizados por sujetos desaprensivos para generar violencia y desorden público, sin otro objetivo que crear conmoción en momentos en que la provincia y el país a traviesan por duras circunstancias sociales y económicas.

Los rumores y la información falsa que circulan, cada vez más asiduamente por las redes, si no es debidamente chequeada se convierte en una peligrosa arma que es utilizada a propósito por manipuladores, para crear inestabilidad y atemorizar a una población para que viva con zozobra. Es por eso que cada vez que se producen estos fenómenos es necesario hacer una exhaustiva investigación para determinar quiénes son los instigadores que usan las redes desaprensivamente y aplicarles las más duras sanciones que permita la ley. Nada justifica estos comportamientos, ni el enrarecido clima social, ni el humor político, ni la grave situación económica en la que se encuentra el país. Hay que descubrir quiénes son los que realmente están interesados en crear este estado de tensión, determinar sus identidades y establecer cuáles son los motivos que los llevan a realizar estas acciones desestabilizadoras. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión, no se han conformado con promover los saqueos, sino que han avanzado con las amenazas de colocación de bombas en emblemáticos edificios como el Centro Cívico y Tribunales. Lo del Hospital Rawson, donde también anunciaron falsamente por las redes sobre la colocación de un explosivo, ha estado muy cerca de ser un acto terrorista, dadas las implicancias que tuvo y la conmoción que generó entre las autoridades del nosocomio, personal médico y de enfermería y pacientes allí internados.

En el caso de las amenazas de saqueos o vandalismo en el comercio, autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad manifestaron que lograron detener a varias personas sindicadas como instigadoras. Mientras que en lo referido a las amenazas de colocación de artefactos explosivos, se trabajaba en la identificación de varios sospechosos que habrían estado operando por las redes.

La sanción que corresponde a los participantes en estos hechos está comprendida en los artículos 211 y 212 del Código Penal bajo la figura de "intimidación pública", con penas que varían de 2 a 6 años de prisión, o de 3 a 6 años, respectivamente. La legislación señala que será penado aquel que "diera voces de alarma, hiciera señales o utilizara otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes". 

La determinación del secretario de Seguridad, Carlos Munizaga, de "ir hasta las últimas consecuencias" en este tema es un signo positivo dentro de la actitud que hay que tomar para desalentar estas acciones violentas que atentan contra el estado de derecho en el que queremos seguir viviendo los argentinos.