Definir en estos momentos una reducción de la jornada laboral, en medio de una campaña electoral; ante la proximidad de un cambio de gobierno y con una crisis económica-financiera de graves consecuencias, es inoportuno e improcedente ya que hará que todos los sectores vinculados con el trabajo en el país tengan serias dificultades para seguir transitando por un camino que cada vez se presenta más complicado y oscuro.
Una de las primeras objeciones apunta a que en una pretendida disminución de las horas de trabajo por cada turno se deberá contratar más gente para cubrir el déficit, lo que generará un mayor gasto, en un contexto de grave crisis económica. En este marco uno de los aspectos que hacen imposible esta propuesta, considerada por el sector empresarial como fuera de lugar, es la excesiva presión impositiva que actualmente soporta el empleador, lo que haría imposible aumentar los planteles de personal en cualquiera de los rubros que conforman el aparato productivo del país.
Hay coincidencia de que la reducción horaria de la jornada laboral está siendo posible en sociedades de países que están más avanzados en varios aspectos, especialmente en lo que corresponde a la política fiscal donde la presión impositiva no alcanza los niveles que existen en nuestro país y facilita ciertas flexibilizaciones en beneficio del mercado laboral.
La implementación de esta medida en la Argentina, donde hay una gran presión fiscal, sólo va a conseguir generar una mayor carga laboral y burocracia, tanto que la reducción se aplique en el sector público o privado. Para el primero puede llegar a implicar que el Estado no deje de crecer con la incorporación del doble de personal que tiene actualmente, en un contexto en el que se debería estar considerando un congelamiento de vacantes para achicar el gasto público y así avanzar en el control del déficit fiscal. En tanto que en el sector privado, de tener que ampliar la planta de personal para cubrir cada uno de los turnos sólo conseguirá asfixiar aún más al sector productivo, lo que repercutirá negativamente en el ámbito laboral.
Desde varios sectores de la comunidad se ha manifestado que esta discusión no es prioridad en este momento y que es más importante abocarse a idear la forma de producir más, consolidar el mercado laborar para que haya menos desocupación y garantizar la creación de nuevas fuentes de trabajo en forma genuina, ajustada a la real situación por la que atraviesa el país.
Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto que una medida de esta naturaleza puede llegar a tener en los precios de los productos, teniendo en cuenta que en ellos incidirá directamente cualquier acción que se implemente en la variable que representa la mano de obra.
Más allá de que el tratamiento de esta reducción tenga connotaciones electorales, haberla planteado en este momento no ha sido la mejor idea ya que antes hay que proceder con una reforma laboral integral.