Tras la puesta en funciones de las nuevas autoridades del gobierno nacional, en distintas áreas oficiales se advirtió una curiosa situación vinculada con las respectivas plantas de personal de cada repartición. Un importante porcentaje de empleados, que varía según la dependencia en la que se desempeñan, no está concurriendo a trabajar en forma presencial, lo que impide conocer si esos agentes están cumpliendo alguna labor efectiva en su área. Ante esta situación, desde la presidencia de la nación se dispuso la puesta en vigencia de la presencialidad para determinar exactamente el número de agentes públicos con que se dispone, la función que ocupan y si son determinantes para el accionar de la repartición de gobierno a la que pertenecen.
Lo que se pretende es obligar a que todos los agentes de la administración pública nacional, y también de las provincias, se presenten en sus lugares de trabajo para conocer realmente si los sueldos que se están abonando equivalen a los empleados que se necesitan en cada área o hay personas que cobran sin efectuar ninguna tarea siendo innecesaria su presencia en la estructura oficial.
Si bien existe el compromiso de exigir la presencialidad plena en todo el ámbito nacional, hay organismos como el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que han emitido su propia disposición exigiendo que toda aquella persona que pertenece a esa cartera y que por cualquier motivo no ha estado concurriendo a trabajar, debe hacerlo de inmediato haciéndose presente en el ámbito que le corresponda. Algo similar ha sido establecido en varias provincias y municipios del país dando muestras de que son muchas las personas en esta misma condición.
En San Juan el tema de la presencialidad está vinculado con la reducción del 30% de los cargos políticos que ha previsto Marcelo Orrego y la revisión de los pases a planta permanente efectuados en los últimos seis meses durante la gestión del gobierno anterior.
Muchos de esos agentes que no concurren a los lugares de trabajo quedaron en esa condición después de la pandemia del 2020, una situación que llevó a que haya gente que quedó en estado de disponibilidad sin que fuera convocada efectivamente, convirtiéndose en aquel tipo de empleado que pasa a cobrar a fin de mes sin asistir a un lugar de trabajo, al que popularmente se lo denomina "ñoqui".
La presencialidad plena junto con el congelamiento de vacantes son acciones concretas destinadas a evitar el sobredimensionamiento del Estado. Con la primera se puede llegar a contar con el personal necesario y suficiente para todas las tareas que le competen a la administración pública, ya que es un hecho que en algunas áreas hay gente en exceso que podría estar mejor distribuida en busca de aprovechar esos recursos humanos. Con el congelamiento de vacantes se lograría evitar que el Estado siga creciendo sin ocasionar ningún problema social.