Sólo basta observar la actual conformación del presupuesto nacional para advertir que hay muy pocas posibilidades de reducir el gasto público, sin resentir obligaciones que son propias e ineludibles del Estado. El Gobierno sabe que en algunos rubros tendrá que afinar el lápiz tratando de que no se le desordene la estantería, en función del próximo acuerdo con el FMI y el año electoral que se avecina, pero el gran interrogante es por dónde empezar.
Las dificultades para ajustar el presupuesto radican en que actualmente el 60% de todas las erogaciones corresponden a prestaciones sociales; mientras que el 16% son salarios del sector público. Por otra parte, el 11% son pagos de intereses de deuda pública, el 6,5% erogaciones en obras públicas, el 4,5% subsidios y el 2% transferencias a las provincias.
Son pocas las alternativas para introducir modificaciones en cada una de esas categorías, ya que una reducción en cualquiera de ellas puede llegar a tener consecuencias impredecibles. Por ejemplo, por el momento es impensado un ajuste en las prestaciones sociales, que implicaría un recorte en las asignaciones familiares o la asignación universal por hijo. La actual situación socioeconómica hace inviable esta solución por lo que todo indica que se seguirá con la misma política. Tampoco se puede aplicar un ajuste sobre el porcentaje asignado a la masa salarial, ya que nadie está proponiendo por estos días despidos masivos de empleados públicos.
Otros porcentajes del presupuesto, como el de las erogaciones en obras públicas o los subsidios, también ofrecen pocas posibilidades de recorte. Una reducción o congelamiento de la obra pública incidiría en las bases del país, ya que imposibilitaría la realización o mantenimiento de las obras de infraestructura. Esto a su vez podría tener serias consecuencias en el próximo resultado electoral.
Lo que si podría considerarse como objeto de reducción y el Gobierno lo tendría que tener muy en cuenta es el número de reparticiones oficiales. Actualmente el Gabinete nacional está formado por 21 ministerios, incluyendo la Jefatura de Gabinete; 95 secretarías; 127 subsecretarías y 21 unidades de coordinación general. En varias ocasiones se ha llegado a considerar que con un reagrupamiento de funciones se podría reducir casi la mitad de esos números, posibilitando una mayor concentración de funciones y un efectivo ahorro en materia operativa y salarial.