El Banco de Desarrollo de América latina acaba de publicar un informe destinado a los gobiernos de la región, instando a que modifiquen las políticas actuales de protección social de manera de garantizar que los jóvenes puedan acceder a una protección adecuada cuando alcancen la vejez. El estudio plantea el serio desequilibrio existente en los sistemas previsionales y de atención de salud por el acelerado envejecimiento de la población.

Actualmente, cerca del 8% de los latinoamericanos tiene más de 65 años y con el ritmo actual se calcula que para el año 2050 esa proporción será más del doble, un 17,5% y superará el 30% para fines de siglo. Con esa proyección, el gasto superará ampliamente las necesidades para cubrir las garantías de protección social, por lo cual el desafío conlleva a buscar la sostenibilidad financiera de las coberturas.

La gran informalidad laboral, más la tendencia a la digitalización y automatización de los procesos productivos, que aunque son incipientes en Latinoamérica, podría tener efectos disruptivos en las trayectorias laborales, especialmente en aquellos trabajadores con tareas relativamente más rutinarias. Este factor impactaría negativamente en la base de aportantes de los sistemas previsionales y muchos países carecen de potencial recaudatorio para ajustar los aportes, pero sí pueden ampliar la base contributiva reduciendo la informalidad y con una mayor participación laboral de la mujer.

El estudio no identifica países ni políticas sociales para atender las coberturas de salud, pensiones y jubilaciones, sólo señala la mayor capacidad de unos para obtener recursos y las dificultades de otros donde los sistemas prácticamente están colapsados. Tampoco se refiere al impacto de la pandemia en los índices de desocupación ni los recursos que se han volcado a atender los sistemas sanitarios y subsidiar a los sectores más desprotegidos, situaciones que agravan los presupuestos del gasto social y previsional.

De lo que no hay dudas es sobre la necesidad de efectuar reformas para afrontar cambios demográficos o cerrar brechas a fin de equilibrar financieramente al sector pasivo y las obras sociales, junto con atender las sugerencias de este informe en cuanto a revisar las edades mínimas de retiro en ciertos países y ampliar el universo de obligados, incluyendo a "cuentapropistas" y toda actividad laboral no registrada.