El Gobierno nacional acaba de autorizar el primero de los dos aumentos tarifarios que habrá este año sin que incluya una política de segmentación, que es lo que podría solucionar el problema de los subsidios a los servicios públicos, especialmente el de la energía eléctrica que es el que tiene más impacto en la economía de los hogares y de las principales actividades productivas.
Estos aumentos responden a las denominadas tarifas de transición que estarán vigentes alrededor de dos años hasta poder concretar una Revisión Tarifaria Integral (RTI) programada para fines de 2022 o principios de 2023. Durante ese período se avanzará también en la segmentación que consiste en aplicar en forma diferencial las tarifas según el nivel económico y social de cada sector de la población.
Los ajustes tarifarios fueron un tema recurrente durante la anterior gestión de gobierno que intentó eliminar la política de subsidios autorizando subas con el objeto de alcanzar un sinceramiento en el precio de los servicios. Al asumir el gobierno actual se dispuso casi de inmediato un congelamiento que ha regido hasta ahora en que se ha resuelto un aumento, que en el caso de la electricidad, rondará el 9 por ciento. Con ese nivel de actualización tarifaria es un hecho que se tendrá que acudir a los famosos subsidios a las empresas proveedoras de los servicios públicos, reflotando la inequidad que este recurso genera, al terminar beneficiando a los sectores más pudientes de la sociedad con un efecto que es totalmente contrario a lo que se pretende en un principio. Es decir, el Gobierno termina derivando fondos públicos que salen de los propios contribuyentes para evitar que el precio de las tarifas aumenten, pero afectando finalmente con esta distorsión a la economía en general.
La encrucijada del Gobierno está en la necesidad de promover un aumento tarifario para evitar un marcado atraso y salir del congelamiento dispuesto oportunamente sin que esto sea, en estos momentos, un significativo ajuste en un contexto de salida de la pandemia. También se pretende que los usuarios mantengan el poder adquisitivo de su salario, teniendo en cuenta que este es un año de recuperación económica.
Habrá que esperar que se agilice la elaboración de la segmentación, que es la que puede determinar una mayor equidad en el pago de las tarifas, y hacer que la política de subsidios tenga menos incidencia y, si es posible, desaparezca para que no ocurra lo que está sucediendo en este momento en que el Gobierno se está preparando para transferir próximamente subsidios por unos 50 mil ó 60 mil millones de pesos.