En Latinoamérica ha primado una concepción tal vez demasiado encasillada sobre la honestidad. Se la ha restringido sólo a la corrupción, al manejo de influencias y dineros públicos. Sería propio extender la idea de honestidad a las aptitudes, es decir a la "capacidad para operar competentemente en una determinada actividad", de acuerdo al diccionario. Por mencionar un ejemplo extremo, por más que nada robase, si alguien declarara ser piloto de avión sin serlo, y estrellase una aeronave con pasajeros, su falacia habría sido de una deshonestidad criminal. Es esta visión más amplia sobre honestidad la que permite discernir por qué una sociedad funciona correctamente o no. Que cada rol sea cumplido cabalmente, y no como un disfraz, marca el destino de toda una época. De igual modo sucede en el ámbito público, con efecto multiplicado dada la cantidad de personas que se ven afectadas por cada decisión.

Perú eligió, en el balotaje del 6 de junio de 2021, a Pedro Castillo como presidente. De origen gremial y exdocente, reconoció públicamente que "yo no fui preparado para ser presidente de la República. A mí nadie me entrenó". Sin quedar claro si se trataba de una excusa o una extraña ostentación, es algo que se ha ido evidenciando en una situación de inestabilidad constante. Con sólo un año de gestión, Castillo tiene más de un 70% de desaprobación, lo que refleja el clima político predominante. Había prometido en su campaña "no más pobres en un país rico", asegurando conseguirlo con el incremento de impuestos a empresas mineras, siendo que Perú es el segundo exportador mundial de cobre. Pero tal reduccionismo resultó ser insuficiente como proyecto para lograr la superación de toda esa nación. En abril pasado, por un paro de transportistas, Castillo llegó a suspender los "derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito". La presión ciudadana hizo que el decreto fuese derogado, pero de todas formas fue inevitable que se produjese un quiebre en toda tolerancia, paciencia y confianza por parte de amplios sectores de la ciudadanía. La decisión desproporcionada de Castillo parece haber lesionado notablemente su legitimidad y, consecuentemente, su autoridad. A partir de entonces, se hicieron familiares imágenes callejeras del Perú con manifestantes, gases lacrimógenos, bloqueos y demás situaciones ajenas a toda normalidad.

Pero últimamente se ha sumado otro aspecto que agrava más aún el cuadro. Amén de haberse presentado diferentes mociones de destitución en el Congreso, ahora los ciudadanos lo expresan como deseo a viva voz en marchas por doquier. Es que Castillo ha sido denunciado constitucionalmente por la fiscal general por graves delitos de corrupción, como el de organización criminal, entre otros. Cuando se va aventando la conflictividad social hasta tales extremos, aunque sólo fuese por incompetencia manifiesta, no se pone en riesgo solamente una gestión, sino todo un sistema que en más de una ocasión se hizo colapsar en toda la región.