Dentro de los casos que investiga la Justicia vinculados a estafas de cuentas bancarias y otros delitos como amenazas extorsivas, mediante medios electrónicos como los teléfonos celulares y producto de la venta indiscriminada de chips por parte de las empresas telefónicas, se ha llegado a determinar que esas maniobras provienen de distintos puntos del país con predominio de las zonas marginales o de los centros penitenciarios.
Otro aspecto que se ha dilucidado es que estos delitos, por lo general, se cometen los fines de semana, cuando se conoce que hay demora en bloquear las cuentas de destino. En este caso tanto las entidades bancarias en las que están las cuentas que resultan afectadas como las prestatarias de servicios telefónicos que venden los chips a través de los cuales se efectúa la estafa conocen esta falencia, unos sin haber podido avanzar en su solución y los otros aprovechándose de algo que resulta muy provechoso para los ciberdelincuentes.
Sucede que las entidades bancarias no están invirtiendo en materia de ciberseguridad, ni tampoco planificando acciones para evitar este fenómeno. Es evidente que tampoco les preocupa qué pasa con la vida del cliente, que no sólo pierde el patrimonio que ha confiado a la entidad sino que, en algunas ocasiones, pone en juego su vida cuando los delincuentes no encuentra una forma sencilla de concretar su estafa y cree que el damnificado los está engañando con alguna estrategia que pone en riesgo su identidad o su modus operandi.
Los ciberdelincuentes conocen a la perfección cómo armar el laberinto de palabras para engañar a los clientes, y en un abrir y cerrar de ojos son capaces de argumentar una situación que los lleva a una maniobra que termina por generar una deuda a una persona que por lo general se entera en días posteriores que ha sido víctima de un fraude o de un engaño.
En ocasiones los delincuentes, utilizando diversos chips -se han llegado a contabilizar más de 30 chips en poder de un preso-, hacen llamados telefónicos por regiones. A veces se centralizan en la zona cordillerana, otras en la zona atlántica o van cambiando de lugar para evitar ser interceptados. Hay que tener en cuenta que son profesionales del engaño que tienen como objetivo posibles beneficiarios de Anses o de un IFE o miembros de una empresa.
Hay casos en los que se trata de señalar que estos hechos no son responsabilidad exclusiva de los bancos, ya que los delincuentes entran libremente al sistema por algún descuido o error del titular de la cuentas que revela claves u otras formas de acceder a través de nuevos chips que adquieren sin mayores problemas. En este caso son las telefónicas a las que les cae la responsabilidad por no haber desarrollado un sistema que evita este tipo de delincuencia. Esto no quiere decir que a las entidades crediticias les corresponde crear un sistema que evite este tipo de ingresos a las cuentas, sancionando a quien utilice estos medios para delinquir.