En un país en el que estamos acostumbrados a las eternas confrontaciones, el acuerdo fiscal al que ha llegado el Gobierno nacional con casi todas las provincias -San Luís es la excepción- representa una luz de esperanza vinculada al nuevo esquema de país que tenemos, y a la búsqueda de un ordenamiento económico y financiero que es necesario en estos momentos.

Básicamente, tras arduas negociaciones, la Nación se comprometió a compensar a las provincias con $80.000 millones en bonos, a cambio de que estas aceptaran desistir de 56 juicios contra la Nación por deudas por $340.000 millones. Esto fue entendido como un gesto de buena voluntad entre las partes, al igual que el acuerdo de eliminar el Fondo del Conourbano Bonaerense que tanta polémica originó en los últimos tiempos.

A partir del llamado consenso fiscal, se acordó que los gobernadores acepten bajar gradualmente impuestos provinciales, como ingresos brutos y sellos, y adherir a un programa de reducción del gasto público, entre otras medidas tendientes a un ordenamiento de las administraciones.

En este entendimiento es destacable la tarea cumplida por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y de determinados gobernadores, entre ellos el de San Juan, Sergio Uñac, quienes trabajaron desde hace tiempo construyendo el ámbito de consenso en el que se discutió cada uno de los puntos que conforman el acuerdo fiscal.

Si bien todavía queda una serie de pasos para materializar todo lo acordado, que incluye la intervención de las cámaras legislativas, existe coincidencia en que el primer paso y más importante se ha dado. También queda la esperanza de que desde ahora en adelante será un poco más sencillo llegar a acuerdos entre la Nación y las provincias, en otros temas que quedan por resolver, para tratar de recomponer la estructura social y política del país.

Para quienes intervinieron en esta negociación, lo que se ha logrado con el pacto fiscal es una nueva oportunidad de actuar con responsabilidad frente a las cuentas públicas que maneja cada estado provincial, lo que también le compete al Estado nacional dentro de la estructura federal de nuestro país.