Todos estamos de acuerdo con la necesidad de poner límites al consumo de comidas y bebidas que no cumplen con la condición de ser alimentos saludables, pero lo que no podemos admitir es que esos límites se apliquen a través de un impuesto y que ese impuesto se haga extensivo a otras actividades, como la producción de las bodegas, cuando se conoce fehacientemente que el vino es un producto recomendable en su justa medida.
Se quiere comparar al vino con las gaseosas y aguas azucaradas, cuando se conoce que el producto que se obtiene de la vid es uno de los más saludable, por su calidad y por todo lo que representa su ingesta moderada en el funcionamiento del organismo humano. Y hasta ha sido reconocido como un alimento, por sus atributos para la salud.
Si bien la medida de un nuevo impuesto recién está en borrador, la novedad de que se estudia modificar la escala de impuestos internos a aplicar sobre esta bebida llegó a varias bodegas de Cuyo, generando malestar entre los viñateros y bodegueros de la región. Ante esta posibilidad el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, la descartó totalmente aunque muchos productores vitivinícolas tienen temor de que se termine aplicando porque por su experiencia saben que cuando se comienza a hablar sobre estos cambios, tarde o temprano se producen.
Para tener una idea sobre la presión fiscal que existe en nuestro país sobre productos alimenticios de consumo masivo, como pueden ser las gaseosas, se puede señalar que del precio de venta al público el 29% son impuestos indirectos. Eso hace que la Argentina ocupe uno de los primeros lugares entre los países de mayor carga tributaria indirecta, situación que afecta seriamente el desarrollo de la actividad productiva-comercial en relación a varios productos de los que el vino no está exento.
Este nuevo panorama de perjuicio contra la vitivinicultura se suma al que denunciábamos hace unos días, vinculado al ingreso al país de vino proveniente de Chile, de menor calidad y con posibles problemas sanitarios. Pero eso no es todo, ya que hace unos días se detectó que esos caldos vienen cortados con una considerable cantidad de agua, algo que en la Argentina no está permitido, bajo la posibilidad de que sean aplicadas duras sanciones a los bodegueros que acudan a ese tipo de prácticas. Surge de esta situación la necesidad de que se aplique la legislación vigente en nuestro país para estos casos o que se considere incluir este tema en la ley de responsabilidad empresarial, que trata sobre la corrupción de las empresas, y que está en debate en el Congreso Nacional.