En toda etapa democrática, el nepotismo puso en duda la transparencia de la gestión que diferentes gobiernos intentaron exhibir, pero nunca como ahora está en tela de juicio la ética pública ante los escándalos de corrupción que involucran al kirchnerismo.
Más allá del ilícito que da lugar a numerosas denuncias penales, se ha comprobado negligencia o impericia donde se antepuso el vínculo familiar o la lealtad partidaria a la idoneidad para desempeñarse en las tareas de gran responsabilidad. La costumbre viene de años en toda gestión nacional, provincial y municipal, como pudo advertir en San Juan, siempre anteponiendo razones de confianza o militancia.
Pero también el actual ministro de Modernización del Gobierno nacional, Andrés Ibarra, admite que algunos puestos clave se han cubierto por la cercanía o vínculos con funcionarios, a pesar de los objetivos de depurar la Administración mediante concursos para imponer una carrera profesional. La irregularidad no sola choca con la ley de ética pública sino también con el art.21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, anexada a nuestra Constitución, porque priva de igualdad de oportunidades para acceder a funciones en los tres poderes republicanos.
El tema se reactualiza por las últimas investigaciones periodísticas y un proyecto de ley de un diputado oficialista presentado en la legislatura de La Plata que prevé sanciones para los funcionarios que insistan en aprovechar su posición en el Estado para nombrar a sus hermanos, parejas, primos e hijos en la administración pública bonaerense. Si la iniciativa se sanciona, la norma ordenaría la nulidad de las designaciones, la inhabilidad de las personas por cinco años para ejercer una función estatal, y la devolución del dinero percibido.
No parece fácil que este proyecto llegue al recinto y más por experiencias que no distinguen colores políticos. Los intereses y compromisos son tan fuertes, que basta el ejemplo cercano para tener una idea de hasta dónde penetra el nepotismo en la política. En Chubut, el actual gobernador Mario Das Neves propuso cuando era diputado, un proyecto para prohibir nombramientos de consanguinidad. La ley contemplaba una retroactividad de dos años. Pero en marzo pasado Das Neves la vetó para evitar que cinco familiares directos fueran separados de sus cargos.