La modernización del aparato estatal para brindar un buen servicio a la comunidad, eliminando las intermediaciones que crean una burocracia asfixiante, es una de las grandes deudas de nuestra democracia, no obstante anuncios y planes de diversos colores políticos. Por el contrario, en la última década el Estado fue refugio del clientelismo partidario, una de las herramientas demagógicas del populismo. Por ejemplo, en 2002 habían 2.100.000 agentes estatales, actualmente son 3.579.000.000 empleados nacionales.

Ahora el Gobierno nacional ha puesto en marcha un plan de modernización de las dependencias públicas, sustentado en la digitalización de los trámites de manera de hacer gestiones 100% on line. Esta agilización logrará rapidez, evitará que la gente peregrine por despachos y dependencias -expediente en mano- con lo cual el sistema electrónico permitirá ahorrar cerca de 90.000 millones de pesos en dos años, lo que equivale a un punto del PBI.

Con igual sintonía varios gobiernos provinciales han encarado programas de digitalización administrativa, caso de San Juan, donde también la Justicia se suma con el sistema de oralidad de base electrónica, a fin de acortar los plazos procesales. La simplificación de los trámites, gracias a los organismos interconectados on line, reduce en un 50% el tiempo del trámite presencial de cualquier carácter, según los especialistas y es garantía de transparencia, tal como se ha comprobado a nivel internacional en la relación del Estado con el ciudadano.

El plan de modernización es bienvenido, pero también debe ser acompañado por una racionalización para determinar quién trabaja profesionalmente y cuáles son los punteros políticos que se van quedando para formar las acumulaciones de personal como capas geológicas. El gasto público que esto demanda no se compadece con las reiteradas promesas de bajar el presupuesto. Basta mirar al Congreso de la Nación para tener una idea de la irracionalidad y el despilfarro: la web del Senado muestra 5.038 empleados, 72 por senador, que demanda 74 millones de pesos al año.

Tampoco alcanza con la electrónica para reducir el gasto estéril, porque hay una barrera casi infranqueable, que son los sindicatos que resisten a todo cambio y evaluación del personal que se insinúe, con una intransigencia que traba las mejores intenciones para que el Estado se modernice como pide el mandante.