Desde la asunción del nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, y del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ambas administraciones han implementado una serie de medidas básicas en busca de con seguir un ahorro primario de gastos de la administración pública que siempre fueron reclamados desde distintos sectores de la vida nacional. Se trata de recortes en el gasto público que no están vinculados directamente ni con la macroeconomía ni con las variables económicas que inciden en el funcionamiento de la economía interna del país, pero que si tienen incidencias en las erogaciones que las administraciones nacional y provinciales realizan mensualmente como parte del funcionamiento normal del gobierno que se conoce como gasto del Estado.

Más allá de la reducción de la plantilla de empleados que fueron promovidos a planta permanente antes de los últimos seis meses y de la reducción o reconfiguración de ministerios y secretarias, que al Estado Nacional redundará en una reducción concreta de más del 50% de los cargos jerárquicos y del 34% de los cargos políticos, hay otras medidas que la gente ha recibido con beneplácito como es la efectiva reducción de movilidades asignadas en forma permanente a distintos funcionarios o reparticiones y que implicaban un gasto fijo varias veces millonario. En el ámbito nacional se ha llegado a determinar que hay ministerios que tenían hasta tres choferes por funcionario, un gasto excesivo en estos momentos. Otro ahorro que se ha efectivizado es la eliminación de pasajes y viáticos en el área oficial para los cuales el Estado nacional asignaba 50.000 millones de pesos y el uso de aviones y helicópteros oficiales que ahora solo se dispondrá por agenda previamente acordada.

Dentro de esta línea está la medida tomada por el gobernador Orrego de dar de baja a unas 200 líneas de teléfonos corporativos que tenía el gobierno de San Juan, lo que va a representar un ahorro de casi 2.500.000 pesos mensuales y de otras tantas medidas menores en cada una de las oficinas que hacen a un ahorro general del nuevo esquema de funcionamiento del Estado y que van desde la optimización en el uso de papel, energía eléctrica, elementos informáticos y otros tantos insumos propios de cada repartición.

A nivel nacional la reducción de las líneas de teléfonos fijos y celulares asciende a la impresionante cifra de 7.000 millones mensuales.

La idea de continuar con la reducción de gastos básicos, que hasta ahora ha sido bien recibida por todos los sectores, deberá continuar haciéndose efectiva en otros gastos superfluos que siempre fueron señalados pero en los que hasta ahora no se había avanzado haciendo que el gasto público fuera cada vez más abultado. 

Así como los gobiernos nacional y provinciales han iniciado esta política de ajuste de gastos internos, los municipios y otros organismos autárquicos y sociedades del estado, también deberán acompañar en este esfuerzo limitando sus gastos exclusivamente a lo necesario e impostergable de manera que los recursos que se les asignan alcancen para una tarea eficiente y de utilidad para la comunidad.