Dentro de la política de recorte de privilegios y beneficios que el Gobierno nacional está implementando con el objeto de reencausar el gasto público en un país que atraviesa por una de las más graves crisis económicas, la cancelación del sistema de acumulación de millas de Aerolíneas Argentinas, que insólitamente beneficiaba a todos los funcionarios o empleados de los tres poderes de Estado, entes descentralizados o empresas públicas que viajaban con boletos comprados por el mismo gobierno, es una medida acertada con mucho sentido común. Lo mismo que terminar con el canje de pasajes para los funcionarios que viajen con un ticket pagado por un organismo público, algo que la mayoría de la gente considera que es un privilegio que tendría que haberse suspendido hace ya mucho tiempo.

Una modalidad que efectivamente es aplicada por grandes compañías aéreas privadas de todo el mundo para promocionar sus servicios, no se tendría que haber estado implementando en beneficio de los funcionarios de gobierno ya que se trata de un sistema ficticio que solamente durante el año 2023 hizo que se otorgaran cerca de 80 millones de millas que equivalen a unos 10.000 tickets o pasajes de avión que fueron canjeados para uso personal y de los cuales más de 1.000 fueron emitidos en clase ejecutiva. Esto generó a la aerolínea de bandera un costo de más de 2.364 millones de pesos, el equivalente a 2,7 millones de dólares que, lógicamente, incidieron en su situación financiera.

La medida que se tomará a partir de este 1 de marzo tiene como propósito, precisamente, generar un ahorro orientado a aumentar la productividad y eficiencia de la compañía aérea en el uso de su flota y de sus recursos técnicos y humanos.

Aerolíneas Argentina es el ejemplo de una gran empresa que a consecuencia de un conducción con criterio político no ha alcanzado el desarrollo que pudo haber tenido. La intromisión de fracciones políticas en cada una de sus gestiones hizo que la empresa siempre tuviera inconvenientes de origen administrativo y sindical. 

Esta cancelación de beneficios pone en evidencia una vez más el mal criterio con el que se ha estado manejando la cosa pública, en beneficio de algunos sectores politizados y sindicalizados que han hecho de los privilegios un modo de vida, sin interesarles las nefastas consecuencias que esas actitudes han tenido en la economía nacional.

Un sinceramiento en este tipo de aspectos llevará a que en todas las empresas en las que interviene el Estado se muestren más eficientes y, fundamentalmente, más transparentes en su accionar, dejando de privilegiar a sectores que durante años han hecho uso y usufructo de beneficios reservados sólo para algunos.