Dentro de los ejes del plan de austeridad previsto por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en busca de equilibrar las cuentas del Estado -para sacar al país de la complicada situación económica financiera en la que se encuentra- la reducción de los planes sociales que, en términos no precisos, alcanzan casi la mitad de la población económicamente activa de la Argentina con un relevamiento encargado a las universidades y el traspaso de un porcentaje de ellos al sector privado de la producción, es una tarea complicada pero impostergable por la incidencia que tiene en el gasto público y por las implicancias en la cultura del trabajo.
Respecto de los planes sociales hay dos aspectos muy preocupantes; el primero es que no esté precisado el número de beneficios otorgados, ya que básicamente se adjudican por dos vías, la oficial que maneja exclusivamente el gobierno y la que se canaliza a través de las organizaciones sociales. En términos generales se calcula que el gobierno maneja un 30% de esa ayuda, mientras que las organizaciones sociales se encarga del 70% restante, desconociéndose el criterio de adjudicación y control de esos planes. Otra particularidad la constituye el hecho de que hay personas u hogares que pueden llegar a recibir varios planes sociales sin un criterio específico de distribución. El sistema de adjudicación es tan benévolo que puede dar lugar a que una misma persona solicite uno o varios planes a distintas organizaciones sociales e, inclusive, al gobierno ya sea en los oficinas de Desarrollo Humano o en los municipios. Hay organizaciones sociales muy poderosas que manejan cientos de miles de planes como la de Milagros Salas, en Jujuy que, según el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, tiene a su cargo 20 mil de los 50 mil planes de esa jurisdicción. Lo llamativo es que la dirigente de la organización Tupac Amaru maneja esa ayuda desde su prisión domiciliaria en la que cumple una condena por corrupción.
Sin duda que este sistema, desde su implementación -en 1983 con el Plan Alimentario Nacional y luego ampliado con más de 13 programas de ayuda- se ha convertido en un festín, especialmente, para punteros políticos, sindicales o de la comunidad socialmente organizada, que son quienes confeccionan las listas de los beneficiarios. Por sus manos pasan miles de millones de pesos, con una fuerte incidencia en los sectores más carecientes y en las voluntades de las personas que luego se aprovecha políticamente.
La medida de encargar a las universidades -en el caso de San Juan la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan- la tarea de realizar una auditoría de los planes sociales, para determinar un reordenamiento del sistema, puede llevar a que se consiga la tan anhelada racionalización y el traspaso al sector privado de personas que ya cuenta con el acuerdo del sector empresarial.