En marzo último estalló un escándalo en el Club Atlético Independiente de Buenos Aires, al salir a la luz los abusos sexuales que sufrieron siete jugadores adolescentes que se alojaban en esa entidad. Poco después se denunciaron casos similares que habrían ocurrido en el Club River Plate. La Justicia actuó de inmediato y fueron arrestados los encargados de los albergues señalados por los chicos.

Estos casos puntuales de abusos a menores, la mayoría del interior del país que buscaban acceder a las divisiones del fútbol profesional, tuvieron una amplia repercusión nacional y en la prensa extranjera por tratarse de esas entidades. Pero con el correr de los días quienes están ligados al deporte manifestaron que estas irregularidades siempre existieron, no sólo en los clubes porteños sino en varios del interior.

En La Pampa, las víctimas entrevistadas en Cámara Gesell confirmaron lo que era un secreto a voces por más de una década y lo único que lograron los padres es que el entrenador señalado como culpable abandonara esa provincia, sin condena alguna. Otros hechos similares involucran a los dos clubes más importantes de La Plata, y a otros de Tucumán que actualmente participan en los torneos superiores de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Justicia actúa en casos puntuales donde se radicaron denuncias, pero se mantiene el vacío normativo existente en el sector. La ausencia de un marco regulatorio para el funcionamiento de los albergues y pensionados de menores es una deuda de la AFA, ocupada en otras irregularidades que pesan sobre el fútbol argentino. El Mundial de Rusia dejó de lado también el problema de los menores abusados, por lo menos en la agenda mediática.

Debe recordarse que al conocerse los hechos ocurridos en Independiente muchos decidieron hablar de los acosos sexuales y por ello aumentó un 40% las revelaciones de estos atropellos en numerosas entidades deportivas. Sin embargo, todos los que están en la dirigencia y vinculados al principal deporte del país mantienen un silencio cómplice.

La AFA sólo dispuso un mayor control en las pensiones juveniles de su jurisdicción y hasta creó una casilla de correo electrónico para recibir denuncias anónimas de abuso. También prometió colaborar con la Justicia, pero ni la entidad ni los organismos oficiales vinculados a la actividad avanzaron para establecer el marco regulatorio que demandan los psicólogos deportivos, exjugadores y en particular los familiares de los chicos.