En la Justicia Argentina existen un conjunto de normas vigentes que la ley destina a la protección directa o indirecta de los ciudadanos víctimas de delitos. El Estado desarrolla una actividad junto con numerosos organismos no gubernamentales para organizar un sistema institucional que se capaz de mejorar la atención y dar una más sólida y efectiva respuesta a quienes han sido víctimas de delitos.
En buena medida, las normas e instituciones reseñadas demuestran un avance significativo en el ámbito del país, si se tiene en cuenta que las víctimas han sido siempre actores secundarios en la escena penal y han tenido en la mayoría de los casos un papel insignificante ante el proceso destinado a la investigación y el castigo de los culpables de los hechos penales. Esta mejor consideración de la víctima, sin embargo, no siempre no siempre se traduce en una verdadera protección de los intereses concretos de las personas que sufren el delito y la inseguridad. Existe, por tanto, en muchos casos una distancia importante entre los derechos enunciados de forma abstracta y su ejercicio y respeto a la vida real, especialmente cuando existe un grado elevado de vulnerabilidad social y económica.
Para decirlo en pocas palabras: en la Argentina actual, las víctimas de delitos disponen idealmente de una nueva serie de vías para ejercer sus derechos; en la práctica, dicho ejercicio acaba siendo tan problemático que que las personas no se sienten protegidas, sino que descreen profundamente del sistema penal, así como de los funcionarios y expertos que trabajan en él.
Cabe señalar que se sabe que en la Capital Federal, cerca del 40% de los habitantes ha sido víctima de un delito al menos una vez. De este porcentaje, el 75% no denuncian su caso ante las autoridades públicas.
Entre las causas más importantes de esa actitud se encuentra una profunda desconfianza en la Policía, de la cual se piensa que no hará nada o lo hará con un nivel de desidia tal que en nada justifica el esfuerzo que significa reclamar por sus derechos.
Más allá que el compromiso que la institución policial haya demostrado en cumplir su tarea respetando la ley, no es posible negar las insuficiencias con que trabajan los policías, tanto federales como provinciales: los bajos salarios, la dificultad para capacitarse y la propia estructura de la organización laboral han impedido que esta fuerza alcance buenos estándares de desempeño a la hora de atender a las víctimas.
También hay que mencionar que la estructura penitenciaria argentina en una muestra más de la distorsión institucional del sistema penal: de los más de 51.000 detenidos en las prisiones de todo el país, cerca del 60% son procesados a la espera de una sentencia. La situación es más grave si se considera que hay más de 10.000 detenidos en las comisarías.
Otros de los actores indirectos de esta situación son los medios de comunicación, aunque no forman parte del sistema penal, contribuyen a a configurar las imágenes de la criminalidad, y por tanto, el terreno ideológico en el que aquel se moverá a la hora de seleccionar los delitos que va a someter a un proceso de investigación y enjuiciamiento.
En muchos casos, la falta de ética periodística con que son tratados determinados hechos , terminan por vulnerar la intimidad de las víctimas, haciendo que el conflicto interpersonal que subyace del delito termine por convertirse en un fenómeno trivial.