Dos acontecimientos impactaron el último jueves en el mundo financiero virtual por el uso legal de las criptomonedas y el riesgo que implica para los tenedores. Por un lado el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró las advertencias sobre la generalización de la especie sostenida por una criptodivisa y por otra parte la salida de Leo Messi del Barcelona hizo caer la cotización de la criptomoneda del club catalán y disparó la del París Saint-Germain, el club francés donde podría jugar el astro argentino.
Todos los mercados mundiales sintieron en el acto un remezón por estos acontecimientos, traducidos en un derrumbe del 4% del precio, o 21 dólares por unidad, de la entidad española y una suba de más del 8%, o 24 dólares, del club francés. Estos valores instantáneos se cruzaron en los medios especializados con los reparos del FMI al conocerse que El Salvador será el primer país en oficializar al bitcoin como moneda de curso legal.
En ese sentido el organismo internacional observa que la integridad financiera de esa nación podría verse afectada si no se toman medidas sólidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es que las criptodivisas pueden utilizarse para el lavado de dinero, financiar a grupos insurgentes o evadir impuestos, además de otros riesgos para el sistema financiero como el equilibrio fiscal y las relaciones con otros países y bancos corresponsales.
El FMI también salió al cruce de los analistas del Bank of America, una de las mayores entidades financieras de EEUU que elogió la ley bitcoin salvadoreña, porque podría beneficiar al país centroamericano al proporcionar a los consumidores una mayor elección y abrir el país a la inversión de empresas multinacionales, fortaleciendo la economía local, según el enfoque.
A este panorama de expectativas se sumó el gobierno de Joe Biden que busca imponer regulaciones al mercado de las criptomonedas y apunta a una ley que seguramente desalentará a los inversores electrónicos, ya que espera recaudar impuestos en esa franja de tenedores para recaudar 28.000 millones de dólares en la próxima década, abarcando todas las actividades relacionadas con las transacciones que involucren activos digitales. Ya hay acuerdo entre representantes demócratas y republicanos.
Lo que parecía el paraíso del ahorrista refugiado en moneda digital tiende a complicarse por la aplicación de normas regulatorias y presión fiscal aplicando una tecnología similar, como pide la Secretaría del Tesoro estadounidense. La reacción de los operadores llegaría a buscar otro rumbo con menor presión fiscal.