La Procuración General de la Nación es una figura de la Constitución dentro del andamiaje republicano que para la inmensa mayoría de la población pasaba desapercibida, tanto por su tarea específica de manejar el Ministerio Público Fiscal como por el trabajo silencioso de la gestión del derecho, que se cumple en procesos donde interviene por competencia. 

En esta historia del equilibrio de poderes y particularmente de la burocracia tribunalicia, hubo un antes y un después. La década kirchnerista politizó la escena y trastocó todo desde el escándalo que desplazó a Esteban Righi, acusado por el entonces vicepresidente Amado Boudou al estallar el caso Ciccone, en 2012, y con él las maniobras de la Casa Rosada para instalar un sucesor afín al modelo. 

El papelón al impulsar al síndico ultrakirchnerista Daniel Reposo, famoso el "error de tipeo" en su curriculum, dejó el camino expedito a Alejandra Gils Carbó, ahora aferrada a la cláusula constitucional de permanencia a pesar de acumular más de veinte denuncias penales en sus casi cuatro años de gestión, imputada por el desempeño judicial y sus connotaciones políticas. 

A Gils Carbó se la acusa de montar una estructura identificada en términos ideológicos y jurídicos con el kirchnerismo, de manera de proteger los intereses de exfuncionarios acusados por hechos de corrupción y a la vez bloquear la gestión del presidente Mauricio Macri. Es la inspiradora de Justicia Legítima, el movimiento oscuro de magistrados militantes para sostener el relato populista en el ámbito judicial. La procuradora está atrincherada en su sillón y ya advirtió que irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en caso ser desplazada de manera ilegal, según afirma sin vergüenza frente a tantas irregularidades documentadas. 

Pero en esta puja no sólo hay dos frentes, el oficialismo y Justicia Legítima. También están las denuncias del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y de la ONG Será Justicia, que mediante dos recursos de amparo piden declarar inconstitucional los concursos convocados por Gils Carbó para cubrir fiscalías vacantes con candidatos surgidos de su proyecto político. Quiere dar lugar a los candidatos del Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, según las denuncias. 

Lo cierto es que la situación de la procuradora es insostenible, ética y moralmente cuestionable, con una mancha indeleble en el Poder Judicial.