En las últimas entregas de viviendas del IPV, las autoridades provinciales hablaron de la necesidad de seguir avanzando con nuevos proyectos para los cuales ya están buscando los terrenos apropiados en la zona del Gran San Juan. Dada la coyuntura económica financiera y teniendo en cuenta que la mayoría de los fondos provienen de la Nación, para alcanzar este objetivo el Instituto Provincial de la Vivienda tendrá que enfrentarse a un viejo tema, tantas veces postergado, como es el del recupero de fondos a través del cobro de las cuotas correspondientes a los adjudicatarios, que actualmente tiene un 70% de nivel de cumplimiento. Si bien con estos recursos no se financia un proyecto, de ser cobrado en tiempo y forma ayudaría a la compra de los terrenos o al financiamiento de los trabajos, en espera de la llegada de los fondos nacionales, que en ocasiones suelen demorarse.
Lo más importante del cobro de la cuota es la conciencia de cumplimiento que se forja en el contribuyente y esa sensación de que nada se le ha regalado y que se está pagando por un bien que, generalmente, se adquiere con mucho esfuerzo.
Ante esta necesidad las autoridades del IPV admitieron que la actualización de las cuotas es un tema pendiente que está atrasado por falta de aplicación de la metodología que está previsto implementarse.
Se está avanzando en la digitalización del padrón, depurando a quienes ya obtuvieron casa y priorizando a los que llevan varios años inscriptos, pero el tema del cobro sigue pendiente a pesar de que se estudian un par de variantes de normas a nivel internacional.
Hay casos de adjudicatarios que están pagando cuotas muy bajas, que no superan los $50, lo que genera tres tipos de comportamientos: el pago puntual; el no pago por lo irrisorio del monto o la falta total de pago que genera la figura de morosos crónicos. Ante estas situaciones hay varias alternativas de solución que se podrían implementar y que van desde exigir el pago en forma compulsiva, ofrecer algún plan de facilidades que promueva la puesta al día, o la cancelación definitiva de la vivienda.
Con ello se podría cumplir con el propósito de que las cuotas de cada vivienda se reinvierten en beneficio de nuevos adjudicatarios, desechando la idea de que las casas del IPV son un "regalo" al no existir la necesidad de amortizar su costo.