Es evidente que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) no admite ningún tipo de intromisión en sus planes y que se está manejando de una forma en que no está dispuesto a permitir ninguna sugerencia ni que se investigue el origen y destino de los fondos con los que prevé realizar una serie de obras que han sido calificadas como innecesarias e inoportunas, por distintos sectores de la comunidad. Precisamente uno de los que más han criticado los planes del EPRE, el diputado nacional Walberto Allende -quien lo hizo a título personal como usuario del servicio de electricidad-, fue receptor de una carta notarial del Ente intimándolo a que no hable más del organismo, con la posibilidad de que si lo sigue haciendo se instrumentarán acciones para hacerlo comparecer ante la justicia, desconociéndose varios aspectos vinculados con las atribuciones que tiene un legislador nacional en relación a los fueros y otras prerrogativas. Con este proceder, el ente autárquico a cargo de Jorge Rivera Prudencio, está actuando de una forma inapropiada, tratando de demostrar que no tiene la más mínima intención de aceptar sugerencias o de someter a la consideración pública el plan de obras que ha previsto, en un predio que el organismo dispone en el departamento Rawson. En el lugar, el directorio de la entidad pretende construir cocheras, oficinas y un depósito, es decir nuevas dependencias para este organismo que depende directamente del Ejecutivo provincial y que tiene un carácter eminentemente técnico. El EPRE tiene la función de regular y controlar el servicio público de electricidad a fin de garantizar que los usuarios no tengan inconveniente por problemas en la distribución, una tarea que no requiere de grandes obras de infraestructura y que en estos momentos, a consecuencia de la crisis por la pandemia del Covid-19, debería ser muy cuidadoso con las erogaciones que no son de primera necesidad.
Más allá de que el organismo tenga la posibilidad de conseguir fondos, el directorio del EPRE tendría que priorizar algunas acciones y considerar la posibilidad de contribuir con la comunidad promoviendo obras que no sean exclusivas para la entidad, sino que puedan llegar a ser de utilidad para la comunidad en general.
Se trata de fondos públicos que no pueden ser administrados como propios de una empresa, de ahí la sugerencia de que el Tribunal de Cuentas de la provincia audite el organismo para determinar la legalidad en el uso de esos dineros.
El EPRE debería acostumbrarse a tener una mayor comunicación con la gente, que es a la que le debe rendir cuentas, y permitir que desde distintos sectores se les haga sugerencias, manteniendo un diálogo más fluido con todos los sectores.