En nuestro país, como en todo Estado de derecho, la huelga es una garantía constitucional otorgada a las organizaciones sindicales como último recurso, tras fracasar las gestiones, planteos y demandas por las vías administrativas y judicial. Sin embargo en la Argentina el paro intempestivo es una herramienta política utilizada para entorpecer iniciativas oficiales inherentes al bien común, pero que los sindicatos combativos utilizan como bandera de lucha, y sin agotar otras vías, dejando sentado que su objetivo no es lo que piden sino el fin político o interés individual del organizador.
Para estos sectores enrolados en la izquierda, y últimamente haciendo causa común con el kirchnerismo -como se observó en la última campaña electoral-, la huelga es una forma de salir al cruce de cualquier propuesta destinada a modernizar el aparato estatal y replantear las políticas fiscales y socioeconómicas. El método de paralizar actividades con gran impacto en la sociedad es el preferido de los gremios aeronáuticos y docentes.
Ahora la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolvió un paro nacional docente y movilización con el slogan “No es reforma; es ajuste”, interpretación que hace la entidad de las reformas fiscal, laboral y previsional que impulsa el Gobierno nacional. A diferencia de otros gremios que han expresado igual rechazo, los docentes declararon su plan de lucha sin asistir a los lugares de trabajo. Una de las organizaciones más afines y disciplinadas de la CTERA es la UDAP sanjuanina, que sigue haciendo paros reivindicatorios por problemas que no tienen los maestros locales, como reclamar una paritaria nacional y aumentos que la Provincia otorga rigurosamente. Y más todavía, caso de un plus de fin de año. En esta ocasión tampoco ha reflexionado que las reformas de Mauricio Macri fueron consensuadas con los gobernadores y por ende con el visto bueno del empleador local.
El Congreso de CTERA, que continúa sesionando, se reunió bajo la advocación de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, “víctimas de la represión a los pueblos originarios”, sin darse por enterados de las verdaderas causas de esas muertes. Tampoco la Confederación, y menos UDAP, se han disculpado ante la opinión pública por ordenar dar clases alusivas a la “desaparición forzada” de Maldonado y utilizar a los chicos en parodias de fusilamientos de la Gendarmería a los mapuches.