No cabe la menor duda de que en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo es una norma que atenta contra la propia sociedad, porque afecta su idiosincrasia y la posibilidad de un crecimiento poblacional que ha comenzado a estancarse, en detrimento de las necesidades demográficas que tiene la Nación.
Partiendo desde el concepto de que el aborto es un crimen y que cada vez que se lo practica deja heridas incurables tanto en las mujeres que lo solicitan como en los profesionales médicos que deben realizarlos, ha llegado el momento de hacer un replanteo de la Ley 27.610 que garantiza "el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo” a "niñas, mujeres y todas las personas con capacidad de gestar hasta las 14 semanas de gestación”.
Hay mujeres muy jóvenes, que al recurrir a esta práctica han quedado traumadas de por vida, lo que demuestra el impacto psicológico que una intervención de esta naturaleza puede generar. De la misma forma se ha constatado que hay numerosos médicos que han recurrido al ‘Código de Ética Médica” sancionado en 2014 y que establece que ‘el médico tiene derecho a abstenerse de hacer prácticas contrarias a su conciencia éticas aunque estén autorizadas por ley”, teniendo "en ese caso la obligación de derivarlo a otro médico”. Esto último está ocasionando numerosos inconvenientes debido a que hay planteles completos de médicos, en varios institutos y clínicas, que se están negando a realizar estas interrupciones voluntarias de los embarazos, con graves consecuencias para el sistema sanitario.
El nuevo gobierno nacional que deberá asumir sus funciones el 10 de diciembre próximo, a través de su Ministerio de Salud, debería preocuparse exclusivamente por las campañas de prevención de los embarazos no deseados, promoviendo todos los sistemas preventivos modernos que se disponen. Pero al mismo tiempo debería dar libertad al Congreso Nacional y a todos los partidos allí representados para que promuevan la derogación de la actual legislación prohibiendo los abortos, de la misma forma en que han procedido en otros países avanzados del mundo, al comprender lo aberrante que resulta sostener este tipo de legislación.
Es inadmisible que en un país, en el que históricamente se ha necesitado una mayor población para cubrir su extenso territorio, haya mujeres muy jóvenes recurriendo a hospitales y otros centros de salud, para interrumpir voluntariamente su embarazo, sin que medie otra razón que el hecho de deshacerse de una criatura no deseada. Hay casos en que una misma mujer ha acudido tres o cuatro veces a un centro de salud público y gratuito para solicitar la interrupción del embarazo, demostrando una clara inmadurez y la falta de conocimientos básicos vinculados a la concepción y gestación, además del gasto que origina al sistema de salud que por atender estas situaciones, muchas veces descuida otros requerimientos más urgentes.