El Fondo Federal Solidario, más conocido como "Fondo sojero" fue constituido en 2009 por el Gobierno nacional con la finalidad de repartir recursos provenientes de los derechos de exportación de la soja y sus derivados en provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que debían adherirse. Este mecanismo financiero, exclusivamente para obras de infraestructura -no cubría gastos corrientes- acaba de ser suspendido dentro de las medidas nacionales de ajuste.

El fondo sojero lo formaba el 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derechos de exportación de los granos y el 27% de harinas y aceites de soja exportados. Como es una recaudación de la Nación, se había dispuesto una ayuda de emergencia para obras e inversión productiva en las jurisdicciones que lo venían solicitando.

Los argumentos que fundamentan el decreto 756/18 para la eliminación del Fondo, es que ahora las provincias han pasado a recibir un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentado su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación.

Dicho de otra manera, la reducción de los reintegros a las exportaciones, que se deduce de la recaudación coparticipable, compensa la pérdida de los ingresos sojeros. Se señala a la reforma tributaria y al pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, generan compensaciones frente a la quita.

Lo cierto es que el ahorro fiscal coparticipable entre Nación y provincias se estima en 8.500 millones de pesos este año y 26.500 millones en 2019, pero el vacío que les queda a quienes recibían las partidas de la soja es más que un problema político y se dirige a la Justicia en busca de un resarcimiento.

Es el camino elegido por el intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, quien ha presentado un recurso de amparo ante la Justicia Federal por los daños que le ocasiona a esa comuna la suspensión del Fondo. De los 25 millones presupuestados para este año, sólo llegaron 12 millones y quedan obras por terminar y compromisos asumidos.

El daño por el cese de los envíos es grande y el Decreto de Necesidad y Urgencia que elimina el aporte se dictó en esta época, cuando el año fiscal está pautado y consecuentemente el gasto se corresponde con obras e inversiones productivas en ejecución.