Como lo hemos señalado en notas anteriores preocupa que los accidentes de tránsito estén alcanzando nuevamente el índice que tenían antes de la pandemia, período durante el cual se había reducido considerablemente a consecuencia de las restricciones dispuestas dentro de la prolongada cuarentena que le tocó afrontar a nuestro país. Esto quiere decir que al reanudarse las actividades, con una mayor circulación de vehículos por las calles, los accidentes han vuelto a aumentar con la posibilidad de que este año se alcance una cifra récord.

Para controlar este fenómeno se dispone de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449/95 con sus modificatorias, a la que se encuentran adheridas todas las provincias, que si bien es una norma con más de 20 años de existencia se complementa con las leyes Nº 26.353/2008 y la Nº 26.363/2008 que establecen las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La lucha para evitar que cada vez haya un mayor número de accidentes de tránsito se sigue planteando a través del Plan Nacional de Seguridad Vial 2006/2009 y de un paquete normativo que hace más de 10 años introdujo unas modificaciones que rigen hasta la actualidad. Entre ellas figura la constitución del Registro Nacional de licencias de conductor; adopción del Sistema Unificado de Puntaje para las licencias de conductor; Unificación de criterios de determinación y control de la alcoholemia; Utilización del Sistema de Registro Radarizado y Fotográfico para el control de las velocidades máximas determinadas para cada vía de circulación; Asignación de las funciones de control y fiscalización del tránsito en rutas nacionales a la Gendarmería Nacional; y la Creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Cada uno de estos puntos debería ser tenido en cuenta por la Policía de Tránsito de las respectivas provincias o por Gendarmería Nacional en el ejercicio de la tarea de controlar el tránsito que les corresponde a cada fuerza en su ámbito. Evitar que estas normas no sean solo declarativas y que se constituyan en la base de los operativos viales con los que se busca reducir la siniestralidad en la vía pública es otro de los grandes objetivos que hay que impulsar. De la misma manera que hacer de la seguridad vial una política de Estado tendiente a evitar que los accidentes de tránsito sigan en aumento.