El colapso económico global provocado por la pandemia ha movido a las naciones desarrolladas a imponer una política fiscal diferenciada a las firmas multinacionales, a fin de que tributen en los lugares en que hacen sus negocios y no en lugares remotos donde declaran su sede, por lo general paraísos fiscales con los gravámenes por demás bajos. La idea de las nuevas imposiciones tendrá la contrapartida de la solidaridad social.

Este acuerdo histórico se formalizó el sábado pasado en el seno del G-7, a través de los ministros de finanzas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón, y será expuesto en la reunión ministerial y de gobernadores de bancos centrales de las naciones desarrolladas y emergentes, entre ellas la Argentina, es decir del G-20 anunciada para el mes próximo en Venecia.

Se trata de un compromiso destinado a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, ahora muy afectadas por la pandemia, y hacer una previsión para que el mundo esté preparado para enfrentar futuras crisis sanitarias. Todo indica que se trata de una arremetida tributaria contra los gigantes tecnológicos desplegados en el planeta pero sin pagar impuestos por ello en el lugar que les corresponde. El punto de partida será de un impuesto mínimo del 15% a las empresas con márgenes de beneficios desde el 10%, según lo acordado.

El G-7 considera esta imposición como una justa medida fiscal porque apunta a la solidaridad y un golpe a los paraísos fiscales que siguen amasando incalculables fortunas mientras los países del resto del mundo tiene un descomunal gasto público para responder a los estragos de coronavirus. Pero también han sentado las bases para un sistema fiscal justo y eficaz en la era de la economía digital, para evitar que las multinacionales establezcan sucursales en países con impuestos irrisorios y declaren allí sus ganancias.

Además será una lección para aquellos gobiernos que ofrecen exenciones impositivas y otros atractivos fiscales a cambio de que se radiquen multinacionales en sus territorios, incluso para vender sus productos o servicios. Se ha comprobado la existencia de una carrera de bajas tributarias a las corporaciones, en una competencia entre países, que es legal aunque no ética. Con una tasa mínima universal se espera equilibrar la recaudación.

Los 38 países de la OCDE, la organización económica intergubernamental que ha trabajado esta norma, ya se imaginan secando una buena tajada tributaria a Amazon, Facebook o Google, dominadores absolutos del mercado global en sus rubros.