En marzo pasado una familia tipo argentina necesitó ingresos por más de 60.000 pesos mensuales para no ser pobre, y si ese grupo no pudo ganar $28.000 cayó en la indigencia, una situación prácticamente inevitable si se tiene en cuenta que el salario mínimo, vital y móvil apenas cubriría este último desamparo con los 29.160 pesos establecidos por la última corrección oficial. Estas cifras expresan por sí solas el drama de la pobreza estructural que trepó al 42% desde la prepandemia y ya afecta a 19 millones de personas en el país.

El último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicado el 31 de marzo pasado arroja cifras alarmantes, ya que en términos absolutos se observa la dramática situación del universo de los 31 aglomerados urbanos donde el organismo realiza la Encuesta Permanente de Hogares, y más de 12 millones de personas no tienen ingresos para cubrir un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Peor aún los que están debajo de la Línea de Indigencia, más de 3 millones de personas, sin poder acceder al mínimo de necesidades energéticas y proteicas para la subsistencia.

Más lamentable todavía es que sean los niños el grupo de edad más golpeado, porque casi 6 de cada 10 son pobres, o un 57% de 9 a 14 años, cuyas familias no pueden adquirir los bienes y servicios esenciales. Es por ello que si no hubiese políticas asistenciales de contención como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Programa de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), ambos paliativos creados por la crisis sanitaria, la tasa de indigencia podría ser más del doble y la de pobreza superior al 50%, según el Observatorio de la Deuda social de la UCA.

El primer interrogante ante este panorama es cómo Argentina, un país potencialmente rico tiene una gran población empobrecida y la respuesta está en la grave recesión que lleva casi tres años y la crisis generada por el coronavirus, con las duras restricciones impuesta por la cuarentena que generó una caída del 9,9% interanual del PBI. Estas consecuencias, por la pandemia, fueron en todo el mundo pero con mayor repercusión en aquellas naciones con arrastres deficitarios, como ocurre en nuestro caso.

El problema es político por el deterioro de la economía y pese a las medidas de protección social adoptadas en la emergencia sanitaria, esta cantidad de pobres no se había observado en los últimos 20 años, no solo entre nosotros sino en la mayoría de los países de la región, según el último informe de la Cepal, la Comisión Económica para América latina y el Caribe.