El activismo de izquierda, tanto político, social o sindical, ha hecho de la movilización y el piquete callejero la esencia de sus expresiones extremistas, alterando el orden público para presionar a las autoridades, y generando disturbios reflejados en los medios periodísticos. Nunca podrían obtener este rédito por los carriles institucionales de la democracia por la minúscula participación política del sector.

Ganar la calle y cortar el tránsito para hacerse escuchar fue una actitud espontánea a fines de la década del ’90, de gente que no tenía otra alternativa de protesta ante problemas puntuales, y la estrategia se extendió en el país como experiencia exitosa que luego la capitalizaron las organizaciones ideológicas combativas y el sindicalismo duro.

Desde entonces viene perfeccionándose el piqueterismo organizado con estructuras que demandan alto costo operativo, incluyendo proveedores de marketing, transporte y difusión. Basta observar una movilización para comprobar que nada queda a la improvisación, porque hasta pagan por la asistencia de manifestantes. Los cabecillas son bien conocidos como también el nombre de los movimientos.

La última movilización fue el martes pasado para rechazar el acuerdo que busca el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), provocando caos en el tránsito porteño y paralizando las actividades normales de terceros. El piqueterismo se escuda en derechos que no son tales, cuando este accionar altera el bien común y por ello es necesario legislar para poner las cosas en su lugar.

El derecho a la protesta lo prevé la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión dentro de los derechos humanos, igual que la libertad de reunión y de asociación pacífica, pero aunque puede existir una interpretación extensiva del artículo 194 del Código Penal la protesta en la vía pública no está expresamente tipificada y la criminalización queda sujeta a interpretaciones judiciales.

En 2021 hubo un promedio de dos manifestaciones diarias y para este año las amenazas son mayores, de manera que diez piqueteros con palos pueden impedir la circulación de miles de personas por los cortes de calles y privar de servicios esenciales. Por ello es necesario que se legisle para garantizar los derechos de los activistas y se reúnan en lugares asignados, sin restringir los derechos de los demás.